Editorial: Historia de terror

El viernes último, los cabecillas senderistas Osmán Morote y Margot Liendo abandonaron el penal de Ancón para ser trasladados a los lugares donde cumplirán detención domiciliaria mientras enfrentan los procesos penales relacionados con el atentado de la calle Tarata, la matanza de Soras y el Caso Perseo. Su excarcelación, como se sabe, se ha producido en cumplimiento de una disposición del Poder Judicial y en virtud de que el Colegiado A de la Sala Penal Nacional ejecutó la decisión de dejar sin vigencia la orden de prisión preventiva que pesaba sobre ellos, tras haber purgado merecidas condenas por terrorismo.

Previsiblemente, el relajamiento en la situación de privación de la libertad de Morote y Liendo ha motivado en representantes de los otros poderes del Estado y en la ciudadanía en general reacciones que van desde la indignación –por las acciones que las autoridades pertinentes no tomaron en el debido momento para evitar la excarcelación– hasta el temor de que estos cabecillas senderistas puedan retomar lo que ellos denominan ‘la lucha armada’ y esparzan otra vez violencia y muerte en el país. Después de todo, sus abogados están procurando que la detención domiciliaria también les sea levantada.

En ese sentido, resultan inquietantes las respuestas que esos mismos abogados han dado a la prensa en un supuesto intento de alejar esas preocupaciones de la mente de la población. Interrogado, por ejemplo, por una reportera televisiva sobre la posibilidad de que los referidos terroristas vuelvan a “sus actividades anteriores”, Alfredo Crespo (uno de sus representantes legales) expresó simplemente: “No hay ese riesgo ni peligro porque esto ya terminó. La situación política del país es otra”.

Es decir que, en su opinión, no es que lo que Liendo, Morote y todos los demás miembros de esa sanguinaria secta hicieron en las décadas pasadas estuviera mal o fuese un crimen, sino que aparentemente era la forma de reaccionar que correspondía a la ‘situación política del país’ de entonces. Y como esta ha cambiado, pues la reacción armada ya no se justificaría, así que todos tranquilos…

Por supuesto que, lejos de tranquilizar, sus palabras resultan auténticamente espeluznantes. Para empezar, por el descaro que entrañan. Pero también porque, de acuerdo con esa misma lógica, bastaría con que, a sus ojos, la situación política del Perú volviese a cambiar para que los terroristas ya en libertad se pudiesen sentir otra vez justificados para dejar un reguero de cadáveres y destrucción en el territorio nacional. No olvidemos que en la retórica de la panfletería senderista posterior a la captura de Abimael Guzmán, la etapa que ese golpe los obligó a iniciar es llamada un ‘recodo’.

Esto, por cierto, guarda estrecha relación con el rechazo que les merece a los senderistas y a sus abogados la sola idea de pedir perdón al país por lo que hicieron. Los primeros nunca han hecho el menor gesto en ese sentido. Y los segundos han sido ahora muy elocuentes en su negativa a toda posibilidad de que algo por el estilo ocurra.

“El arrepentimiento y el perdón se ubican dentro de la concepción religiosa, usted sabe que el doctor Abimael Guzmán no profesa una religión, es ateo, su convicción es comunista”, ha dicho Alfredo Crespo. Y Manuel Fajardo, otro de los alguna vez denominados “abogados democráticos”, ha sido todavía más tajante. “El perdón es un asunto de curas; no es un asunto político ni judicial”, ha declarado y sanseacabó.

Como se sabe, sin embargo, el arrepentimiento y el perdón son emociones y actitudes humanas que existen fuera del terreno religioso y que no dependen de la creencia en una divinidad para sentirse o ejercerse. Una realidad que es inverosímil que no conozcan quienes al mismo tiempo, desde su visión atea y comunista, demandan “un Perú reconciliado hacia el bicentenario”.

En realidad, la turbadora sensación que queda es la de que la historia de terror puede repetirse, porque por más que la situación política del país pueda cambiar, ellos no.