Una bronca millonaria, por Andrés Calderón

¿Jonathan Maicelo vs. Ray Beltrán? ¿Conor McGregor vs. Floyd Mayweather? No, amable lector. Lamentablemente, el título de esta columna no hace referencia a estas contiendas de box en un cuadrilátero. Alude más bien a la costosísima pelea que viene presenciando el Perú por casi un año.

Fuerza Popular (FP) quiere pelear. Su actitud desde que Keiko Fujimori “aceptara” su derrota electoral en un discurso de junio del año pasado lo hace evidente. Peruanos por el Kambio (PPK) no quiere pelear. No tiene la fuerza para hacerlo y cuando lo hace termina desplomándose en el ring.

La ciudadanía se divide. Están los ávidos de morbo que disfrutan cada torpeza política del gobierno que sirve de pretexto a los de naranja para llevarlos a la lona. Seguramente, detienen el auto cuando ven un accidente de tránsito (pero no para ayudar a las víctimas) y en el colegio impedían que separaran a los que se cruzaban puñetazos.

Esta columna está dirigida a la otra parte de la ciudadanía. Creo, la mayoritaria. A la que esta bronca no la entretiene, sino que le preocupa. Y a la que sabe que esta pelea le cuesta al país y mucho. No hay mecha gratis. Repasemos:

¿Cuánto va a costar el alboroto de Chinchero? Unos US$300 millones en compensaciones y lucro cesante al concesionario por resolverle el contrato unilateralmente. Y esto sin aeropuerto. Con adenda, hubiéramos tenido aeropuerto y un ahorro de aproximadamente US$200 millones en intereses con respecto al contrato original. Todo porque el fujimorismo (la principal fuerza en el Congreso) no quiso entender razones, solo dar puñetazos; y el gobierno no supo esquivarlos y tiró la toalla al ring.

¿Cuál es el costo de derogar el Decreto Legislativo 1333? Esta norma, recientemente suprimida por el Parlamento, permitía agilizar el proceso de identificación, saneamiento y tasación de predios necesarios para los proyectos de inversión priorizados. No cambiaba nada del régimen legal de propiedades, solo ayudaba a operativizar las tareas centralizándolas en una sola agencia (la APIP). Igual fue derogado, so (falso) pretexto de que iba a afectar los derechos de las comunidades nativas. No sabemos exactamente cuánto pierde el país, pero sí que aproximadamente US$47 mil millones de inversión en proyectos están trabados, principalmente, por demoras en el tema de liberación de predios. Pero cuando eres un país rico como el Perú, te puedes dar el lujo de dejar paralizadas las inversiones…

¿A cómo sale la cédula viva pensionaria de militares y policías? Esa ley recientemente aprobada por el Legislativo –contra las recomendaciones del Ejecutivo– que nivela las pensiones de militares y policías jubilados con los aumentos de sueldos que tendrán los oficiales en actividad en el futuro, dándoles un beneficio del que ningún otro grupo de trabajadores en el Perú goza, costará al Tesoro Público unos S/1.250 millones, según algunos estimados. “Que el gobierno vea de dónde saca la plata”, espetó Lourdes Alcorta luego de una responsable interacción con su calculadora en aquella oportunidad.

Y nos falta calcular cuánto se podría ahorrar gracias a un mejor manejo de Petro-Perú si el Congreso no hubiera impedido que ingresara a Fonafe (derogación parcial del Decreto Legislativo 1292), o cuánto va a costar la populista decisión parlamentaria de pasar a los 12.000 trabajadores CAS de Essalud a planilla, entre varias otras, pero bastan los ejemplos para mirar la billetera y deprimirse.

Dudo de que alguien haya votado por ppkausas y fujimoristas para asistir a una millonaria bronca durante cinco años. Y mucho menos para pagar el costo de una entrada que va aumentando con el paso del tiempo.