Concentraciones: ¿peor es nada?, por Andrés Calderón

La reciente compra de empresas de ‘retail’ farmacéutico (Inkafarma-Mifarma), a la que se sumó la de grifos (Primax-Pecsa), nos ha dejado con un abanico de lindas alternativas de intervencionismo que van más o menos así (en grado ascendente): control previo de concentraciones empresariales (Jorge del Castillo), anulación de la fusión vía amparo (Alan García), “farmacias del pueblo” (Luciana León) y fijación estatal de los precios de los medicamentos (Velásquez Quesquén).

¿Notan algún elemento peculiar? Me olvidaba de una. Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo, propuso una agencia estatal de supervisión de precios de las medicinas y subsidiar a farmacias privadas para que compitan con el grupo Intercorp (Inkafarma). Pero él no parece aprista con ánimos de figuración, ¿no?

Poniéndonos serios, el control de concentraciones no es una propuesta insólita. Más de 100 países en el mundo lo tienen. Pero también en la mayoría de países este sistema presenta problemas, sea por el tiempo y los retrasos en la evaluación de las fusiones, por los recursos que deben destinar a esa tarea (en la mayoría de autoridades de competencia, más de la mitad de su personal se dedica exclusivamente al control de concentraciones), o por errores al decidir si aprobar, condicionar o rechazar una operación de concentración, una tarea inherentemente difícil pues supone predecir sus efectos.

Que haya fallas en el control de concentraciones no es razón para descartar la herramienta, sino para corregirla, me comentaban unos amigos hace unos días. Y tienen razón. Pero que el control de concentraciones pueda producir efectos positivos tampoco es razón para aprobarlo a cualquier costo. Y esa es la pregunta pendiente que a pocos les interesa, quizá porque la respuesta (desfavorable a sus intereses) no les guste: ¿los beneficios de tener un control de concentraciones en el Perú superan sus costos (riesgos incluidos)?

Jorge del Castillo ha realizado el esfuerzo más sensato para preparar un anteproyecto de ley de control de concentraciones, superior a los que en su oportunidad presentaron Jaime Delgado, Yonhy Lescano y Marco Arana (bueno, digamos que la valla tampoco estaba tan alta). Pero solo se preocupó por un mejor texto, no en sustentarlo ni evaluar si era conveniente. No hay exposición de motivos. Ni siquiera hay una revisión de qué beneficios y costos vienen con la propuesta.

Si quisiera, el Congreso podría encargar al MEF y al Indecopi evaluar el impacto que han tenido las grandes fusiones en los últimos años. Mirar si subieron los precios, cómo se movió la demanda, si aparecieron nuevos agentes, si los dominantes desarrollaron estrategias para excluir a competidores. En otras palabras, corroborar que la camisa justifique el costo de la lavada. Y si efectivamente se sustenta el control de concentraciones, la evidencia de un estudio de este tipo ayudaría a mejorar el texto de la ley (definición de umbrales de notificación, el factor de conexión con el Perú para el caso de operaciones internacionales, variaciones en los índices de concentración como criterio para pasar del ‘fast track’ a las evaluaciones más complejas de fase dos, etc.).

Es curioso que se utilice a la OCDE como razón para implementar un control de concentraciones, pero se obvie olímpicamente el análisis de impacto regulatorio que ella impulsa.

¿Quieren un ejemplo de efectos nocivos e inesperados por aprobar leyes “peor es nada” sin considerar los costos de su impacto? Vean el Decreto de Urgencia 003, a punto de ser modificado a un año de su aprobación por el escándalo de Lava Jato.