Migajas intelectuales, por Andrés Calderón

“Migaja”, “bicoca”, “lesivo” y “entreguista” han sido algunos de los calificativos que le han achacado los más recalcitrantes críticos al acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht, el Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc.

El interés público justifica el debate y la crítica de un documento que en principio debería ser reservado. Sin embargo, muchos de los cuestionamientos evidencian un nivel de falsedad o desconocimiento preocupante. Repasemos algunos:

“Reparación irrisoria”. El razonamiento es más o menos el siguiente: “¿Por qué va a pagar Odebrecht apenas S/610 millones si ha cobrado mucho más en las obras a su cargo?” Aclaremos algunos conceptos: La reparación civil no es igual a los ingresos totales del infractor, sino al daño que ha ocasionado. Por ejemplo, si Odebrecht debía construir una carretera a cambio de una contraprestación de S/100 millones, pero gracias a una coima, esta se incrementó a S/150 millones, esos S/50 millones de sobreprecio constituyen el daño. Los ingresos –o, más precisamente, las ganancias– pueden considerarse para el cálculo de la sanción (que busca desincentivar al infractor), pero, en principio, no se toma como parámetro para la reparación.

“Odebrecht no ha reconocido todos los casos de corrupción”. Algunos reclaman que, en el acuerdo, Odebrecht solo admita corrupción en cuatro obras (IIRSA Sur, Metro de Lima, Costa Verde – tramo Callao y Vía Evitamiento del Cusco), pues sospechan de otros proyectos más (como el Gasoducto del Sur, Rutas de Lima, Olmos, Chaglla, entre otros). La respuesta está en la palabra clave: “sospecha”. No hay evidencia fehaciente de que haya ocurrido corrupción en más proyectos. Tampoco está descartado. Pero el acuerdo de colaboración supone un reconocimiento voluntario de delitos y, hasta el momento, Odebrecht solo los acepta en aquellas cuatro obras.

Eso no impide descubrir nuevos delitos. Lo ha señalado públicamente el fiscal Rafael Vela y la propia Acta de Acuerdo Preparatorio filtrada lo contempla (cláusula 9.3). Si Odebrecht encuentra más información sobre actos delictivos en el Perú, deberá reportarlos en un máximo de 15 días. Además, se haría un nuevo cálculo de la reparación adicional a pagar. ¿Puede estar ocultando información Odebrecht? Es posible, pero la brasileña tiene más incentivos para revelar la verdad y colaborar con la justicia que los funcionarios, políticos y socios empresariales que participaron de su farra de corrupción. Si Odebrecht miente o esconde información, pone en riesgo no solo los beneficios acordados en el Perú sino también los obtenidos en Brasil.

“Odebrecht va a seguir contratando con el Estado Peruano”. En primer lugar, nadie puede asegurarle contratos a Odebrecht ni a ninguna empresa. Lo que está aceptando la fiscalía –amparada en la Ley 30737– es que la compañía brasileña, como cualquier otra empresa, pueda seguir operando y participando en concursos públicos. ¿Quieren saber una verdad incómoda? Legalmente, no se podía bloquear esta posibilidad a Odebrecht. ¿Por qué? Porque cuando Odebrecht infringió la ley, no estaba contemplado como castigo el actual impedimento para volver a contratar con el Estado, y no se puede aplicar retroactivamente una sanción nueva a una infracción anterior. Así las cosas, y aunque moleste, es mejor hacer puchero ahorita y apechugar que soportar el lloriqueo después de perder un arbitraje internacional y pagar una indemnización millonaria.

No he abordado en esta columna los beneficios del convenio. Apenas me he limitado a desmitificar las más sonoras críticas al acta preliminar de un acuerdo de colaboración eficaz, cuyo contenido definitivo aún no se conoce, pero cuya antesala viene mostrando las migajas intelectuales de algunos críticos atropellados por la ignorancia… o, quizá, por el temor.