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Mordazas para todos los gustos, por Andrés Calderón

"Sea por ignorancia, impulsos represores u intereses ocultos, siempre habrá personajes que intenten silenciar a la prensa".

Andrés Calderón Abogado y periodista

Mordazas para todos los gustos, por Andrés Calderón

Mordazas para todos los gustos, por Andrés Calderón

La semana pasada debe haber sido una de las peores que se recuerde para las libertades de expresión y prensa en el Perú.

Dejemos por un momento de lado el inspirador proyecto de ley de Úrsula Letona y Alejandra Aramayo para garantizar inocentemente desde el Congreso “la información objetiva, veraz, plural y oportuna”, y para que nuestros desinteresados y nobles parlamentarios nos ayuden –neutralmente, por supuesto– a “evitar la influencia en contenido y línea editorial” de los medios de comunicación. No convirtamos a esta en la “columna número 101 de la infamia” y evitemos el debate público; mejor enclaustrémoslo en esa mágica incubadora de prodigiosas partituras legales llamada Parlamento, como proponen nuestras garantistas madres de la patria.

Mientras en el Congreso se cocinaba una mordaza a la prensa que hasta el mismísimo Vladimiro Montesinos envidiaría (Gonzalo Zegarra, dixit), nos olvidamos que, así como en la gastronomía, en el Perú nos sobran los intérpretes cuando de hornear trampas a la libertad de expresión se trata.

Ahí está la ‘cuisinière’ Geymi Gastañaga –fiscal en sus tiempos libres–, que la semana pasada decidió abrir una investigación preliminar en sede policial contra el periodista Jaime Chincha, a raíz de una queja presentada por el gobierno de Nicolás Maduro, a través de la Embajada Venezolana en Lima. ¿La razón? Un reportaje periodístico en la vía pública, frente al local de la Embajada Venezolana, para el canal Willax TV. 

¿Tiene algo de malo eso? ¿No existen las libertades de tránsito, expresión y prensa? Pues para el equilibradamente democrático Gobierno Venezolano –habrá que suponer– cubrir periodísticamente una manifestación en la puerta de una embajada seguramente califica como la promoción e incitación de “un escenario hostil y de descrédito”. Más insólito aun, sin embargo, es que una fiscal peruana, que –se supone también– sabe Derecho, pueda creer que estas acciones puedan ser penadas e, incomprensiblemente, ameriten una investigación por el delito de falsedad genérica (¿?).

Y cómo olvidar a la chef María Elena Contreras, del Juzgado Penal 35 de Lima, que cuando no está preparando manjares, se dedica a decidir cuándo empieza y cuándo termina el interés público de una noticia. Para ella, por ejemplo, escribir una columna de opinión sobre el sospechoso caso de una fiscal que archivó una investigación penal por presunta falsificación de firmas contra una integrante del Consejo Nacional de la Magistratura que, en paralelo, estaba evaluando si ratificaba o no en el cargo a la misma fiscal que la investigaba (a la que finalmente ratificó, sin inhibirse pese al evidente conflicto de interés entre manos), no tiene interés público, pues ya habían transcurrido cinco años desde los hechos. Y, usando ese argumento, la jueza Contreras terminó condenando a un año de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de S/10.000 al autor de la columna, Ronald Gamarra.

Bajo la receta de Contreras, entonces, no deberíamos opinar tampoco sobre la dictadura de Velasco, el Caso El Frontón, el autogolpe de Fujimori y ni siquiera sobre los casos de corrupción de Odebrecht. Muy viejos, ya pa’ qué.

Sea por ignorancia, impulsos represores u otros intereses ocultos, siempre habrá personajes que intenten silenciar a la prensa. El Estado (jueces, congresistas y gobernantes) tiene varias herramientas para censurar a quienes considere incómodos. Ya debería ser hora de que le quitemos por lo menos esa peligrosa arma que le permite encarcelar a quienes se expresan libremente.

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