(Foto: Claudia Sovero)
(Foto: Claudia Sovero)
Fernando Vivas

Un partido como  (o el Apra, PpK, APP) no es, en esencia ni en buena parte, una . Ni aun si sus líderes delinquieran. Es una institución jerárquica con mucha gente y muchas reglas funcionales a un fin y a una lógica distinta a la del delito: obtener poder para gestionar un país o una comarca.

Para tal fin necesitan candidatear en carísimas campañas financiadas con aportes privados cuya fuente a veces se enmascara porque excede el monto permitido o porque esta prefiere el anonimato. La política está tan mal vista por la ciudadanía crítica que es comprensible que varios aportantes quieran permanecer ocultos.

La hipótesis del fiscal Pérez, asumida por el juez Concepción ya desde el Caso Humala, es que dentro de Fuerza Popular se creó una organización criminal cuyo fin era llegar al poder y resarcir a los aportantes. Idea abusiva. En primer lugar, en una campaña se abre un espacio tradicional de colaboración económica donde el que aporta no solo piensa en un beneficio económico directo, sino en aceitar un sistema con el que comulga. Y el partido, con su lógica de acomodar lealtades a la coyuntura, no necesariamente piensa en torcer todo para devolver el favor. Además, hay contraloría, MP, PJ, oposición, prensa; un orden establecido para controlar al Ejecutivo.

Siguiendo el razonamiento de Pérez y Concepción, lo mismo debe aplicarse a García y al Apra, y a PPK y su partido homónimo, pues Barata también ha delatado que aportó a sus campañas. Susana de la Puente, la ‘fundraiser’ ppkausa del 2011 y el 2016, estaría comprometida hasta el cuello. Esto solo para hablar de los documentados aportes de Odebrecht en el 2011, pues cualquier otro óbolo de fuente ilícita en el 2016 (y esto incluye cuentas secretas de empresas formales) podría provocar que la misma ‘razzia’ que hoy abate a FP abata, por ejemplo, a los ppkausas del 2016, salpicando hasta al presidente Vizcarra que fue pasajero jefe de campaña.

La criminalización de los partidos llega al paroxismo. Le he dado muchas vueltas al asunto, pensando en lo bueno que puede resultar una purga radical como aquella en la que se afana Pérez; pero, a la vez, temo que el exceso sea selectivo o provoque victimizaciones, nulidades y retrocesos.

Lo justo es sancionar con dureza las faltas y delitos específicos cometidos en campaña, pero no bajo la presunción de que todo aporte secreto es una coima adelantada a un ente criminal. A los que creen que todo se resuelve con castigo, les recuerdo la vía de las reformas: financiamiento público de las campañas. En lugar de que los políticos vendan el alma al diablo para pagar spots, hay que invertir en mantenerlos limpios. En el referéndum marquen Sí en ese punto.