Justicia politizada no vale, por Fernando Vivas

La semana pasada, con el provocador título “¿Y si perdonamos a Nadine?”, sugerí a los partidos un pacto de no persecución política. Algunos colegas opinólogos, con mala leche o mala comprensión lectora, tradujeron que yo estaba planteando un pacto de impunidad. Graciosos.

Por supuesto que exijo que el Ministerio Público y el Poder Judicial (y antes la contraloría de forma preventiva) ataquen a la corrupción colada en el poder. Para eso están esos órganos, pero el Congreso y las bancadas no están para eso. Estoy convencido de que es contraproducente que los partidos conviertan los procesos judiciales que padecen sus rivales en el eje de su enfrentamiento. Esta “judicialización de la política” desplaza a los grandes temas nacionales por los que ellos debieran estarse peleando. La rivalidad se reduce a una esgrima con palitos de anticuchos. Los otorongos afilan su lengua para morderse los rabos de paja antes que para sustentar sus proyectos. Regresión anal del parlamentarismo republicano.

Deploro que el foco de atención en el Congreso esté en las comisiones investigadoras y no en los debates legislativos. Me da lástima ver conferencias de prensa en que las bancadas salen a atacar al rival o a defender a su líder. Las últimas veces que he visto que el protagonismo lo tuvo el debate de contenidos fue durante la ‘ley pulpín’ y durante la presentación de Pedro Cateriano. Lo demás es prontuario versus prontuario.

La “judicialización de la política” es, del otro lado del espejo, una “politización de la justicia”. Si el duelo político se concentra en los anticuchos procesables del rival, entonces, es crucial para cada partido tener operadores fiscales y judiciales que impulsen los procesos ajenos y busquen cancelar los propios. Esta politización de los juicios enerva y siembra vicios procesales que pueden volverlos a fojas cero.

A los antiapristas que creen que un pacto así favorecería un tercer mandato de su bestia negra Alan García les pido que no sean ingenuos. El Apra es el que más perdería en una “desjudicialización de la política”, pues es el partido con más operadores rondando cortes y fiscalías. No dudo de que el fujimorismo también tenga los suyos. En cambio, he oído, en boca de funcionarios del actual gobierno y del de Toledo, de su frustración por no controlar a jueces y fiscales y estar expuestos, pese a tener la sartén por el mango, a que, en cualquier momento, les muevan el piso con un proceso. De ahí la sospecha de que el humalismo bregó por mantener al fiscal Carlos Ramos Heredia en el Ministerio Público. Cooptable y primo lejano de Nadine, esperarían que él frenara los procesos hoy reabiertos a la primera dama. (Pero, ojo, no digo que Ramos Heredia sea una víctima de la politización de la justicia, pues las varias denuncias contra él hicieron su mandato insostenible).

Mi sugerencia no se agota en la no persecución política. Los partidos deben comprometerse en una reforma para eliminar el voto preferencial e imponer mecanismos que hagan más equitativas las campañas (por ejemplo, bien harían en poner techos a la publicidad electoral en los medios y, así, frenar esa angurria de dinero que los lleva a vender el alma).

El financiamiento a los partidos debe por fin materializarse pese a la irreflexiva grita antipolítica de quienes pensarán que ello sería botar la plata. Es mejor que el Estado financie la política antes que lo hagan los narcos, potencias extranjeras o empresarios que luego cobrarán sus aportes con intereses.