El Perú no puede parar, ¡horrorrrr!, por Fernando Vivas

Cecilia Blume ha escrito aquí en El Comercio (“Después de Lava Jato”, 17/2/17) que hay que ‘encapsular’ las investigaciones del Caso Odebrecht porque el Perú no se puede ‘paralizar’. Pero yo sí creo que el Perú puede parar un ratito, porque el costo de dejar como está el modelo de hacer negocios entre el Estado y los privados será mayor que la parada de borrico. Y nada de encapsular investigaciones, pues bien sabemos que pueden comprometer a quienes nos gobiernan y a sus últimas acciones.

Habrá que parar sin miedo la ejecutoria de algunos contratos, replantearlos y, eventualmente, volver a licitar. ¡Había que demorar la adenda de Chinchero! El contralor Edgar Alarcón ha dicho que se pudo esperar unos días a que su equipo hiciera una auditoría. El ministro Martín Vizcarra, en principio muy entusiasta, pareció perder las ganas a la hora de estampar una firma que, por cierto, según la Resolución Ministerial 041-2017 MTC/01, no es la suya sino de la viceministra Fiorella Molinelli.

Consulté al MTC y el propio ministro me dijo que su convicción sigue siendo firme, pero prefirió dejar pasar unos días para que el Congreso esclareciera sus objeciones. De paso, me dijo que es costumbre que los viceministros firmen adendas y no los ministros. Sobre la observación del contralor, me dijo que el propio MTC pidió la auditoría y que si no esperaron su resultado antes de firmarla es porque calcularon que la contraloría no demoraría unos días, sino unos meses. Lo vuelvo a pensar, e insisto en que hubiera sido mejor esperar.

Vayamos más arriba. Las medidas planteadas por PPK en su mensaje del domingo 12 son insuficientes. Bien por la muerte civil (ya está en el paquete delegado), la recompensa a la delación entre funcionarios, la obligada cláusula anticorrupción; mal que no haya siquiera convocado un grupo de trabajo para modificar radicalmente las reglas de juego de las APP.

Mal que PPK no haga suya una recomendación que hizo la asociación civil Transparencia en el 2015 y que recogió la Comisión Presidencial de Integridad que él convocó: crear una nueva ley de gestión de intereses, pues la actual es letra muerta. El Decreto Legislativo 1353 que crea la autoridad de transparencia (y que está siendo evaluado en el Congreso) recoge parcialmente la inquietud, pero es fundamental contar con una eficaz ley de lobbies. El Perú tiene que parar un ratito para que Cecilia Blume, la lobbista nacional #1 según la última encuesta del poder de “Semana Económica”, se inscriba en un padrón y reporte sus actos de gestión de intereses. Hay que emprender estas reformas y dar un ‘estate quieto’ a poderes invisibles y tecnócratas inconsultos.