La política de "Pico y Placa", busca reducir el tráfico vehicular en la ciudad de Lima.
La política de "Pico y Placa", busca reducir el tráfico vehicular en la ciudad de Lima.
Fernando Vivas

Por primera vez, gracias al ‘pico y placa’,veo que empieza un debate sobre la justicia social en la jungla de asfalto. El limeño con coche se ve forzado a reflexionar sobre el tremendo espacio que ocupa en una ciudad muy densa. Y debe meditar que no es justo que mientras centenas de personas van en transporte colectivo, él acapare tantas plazas para movilizarse, maniobrar y estacionarse. Y tendrá que concluir que tal privilegio solo podría mantenerse con costos y limitaciones. Asumamos el costo, compatriotas limeñitos. Somos poco atún para tanta lata motorizada.

Otras metrópolis ya han pasado por el mismo trance, que no solo es de justicia social sino de sostenibilidad urbana y lo han resuelto como nosotros lo vamos a resolver. No hay otra: priorizando las inversiones en transporte colectivo (metro, corredores para buses grandes y homogéneos, terminales terrestres) por sobre las estrictamente viales. Y disuadiendo, con impuestos, restricciones de parqueo, peatonalización de calles céntricas, o medidas excepcionales como el ‘pico y placa’, el uso extensivo del carro propio para ir a todas partes.

Quien pasó la primera etapa del debate y asumió que su privilegio cuesta puede que responda con sensatez: “Hey, tienes razón, pero mientras no haya un transporte colectivo eficiente y acogedor, no friegues con muchas restricciones”. Mi respuesta es simple: hagamos las dos cosas a la vez, medidas excepcionales e inversión en infraestructura. Si postergamos medidas como el ‘pico y placa’ hasta tener 3 o 4 líneas de metro operativas, se nos va la vida.

Es cierto que el ‘pico y placa’ es una medida excepcional, adoptada temporalmente en muy pocas ciudades; pero celebro que provoque el debate. Podemos estar en desacuerdo sobre su oportunidad y alcances, sobre el apuro con el que se ha implementado para enfrentar los Juegos Panamericanos, pero generará una presión para que nos preocupemos por los avances de la línea 2 (¿pa’ cuándo?, infórmenos, MTC), sobre la imperiosa necesidad de ordenar los taxis y desaparecer los colectivos informales (con el inevitable efecto que esto traería elevando las tarifas, que son muy baratas, y obligando a más limeños a usar el transporte colectivo).

Muñoz podría equivocarse en su apuesta y corregirla, pues es una simple reforma regulatoria de temporalidad indefinida. Pero ha expuesto la morosidad burocrática del MTC y las trabas de nacimiento de la flamante ATU, que aquí tiene una ocasión estupenda para debutar. Si la ATU todavía no puede o no quiere lanzarse a la piscina, que nos diga, al menos, qué planes tiene sobre taxis, colectiveros, buses interprovinciales y camiones. Si se regulara todo ello, el impacto sería más duradero y contundente que el del ‘pico y placa’.