Preparado para lo peor, por Fernando Vivas

Opino en voz alta contra la exclusión de Julio Guzmán y de César Acuña. Porque creo que el derecho constitucional (artículo 2, inciso 17) a la participación política no se puede cancelar porque alguien no cumpla con requisitos administrativos. A quienes, con un espíritu legalista de ocasión, dicen “la ley es la ley y todos tienen que cumplirla”, les replico: “¿Y cuál es el espíritu de la ley?”. Respuesta: la Ley de Partidos Políticos y la Ley Orgánica de Elecciones, más sus recientes modificaciones, buscan ordenar y promover –sí, promover– la actividad política. La idea no es desalentar las ganas de hacer política.

Por lo tanto, amigos que satanizan la tramitología, amigos liberales que predican que el Estado debe servir al ciudadano y no al revés, amigos emprendedores que reclaman ‘permisología’, amigos abogados y amigos lobbistas cuya chamba es precisamente asesorar a sus clientes cuando necesitan interpretar la ley a su favor; ya pues, no se me pongan tan estrechos en este caso.

No acusaré a ninguno de los que reclaman la drástica exclusión de Guzmán y Acuña de ppkausa, alanista o fujimorista disfrazado. Pero sí quiero dar prueba de que mi opinión no es de ‘juliolover’ ni de ‘keikohater’, sino de convicción. El 17 de agosto del 2010, en esta misma sección, escribí: “¿Y quién tacha al jurado?”, opinando contra la exclusión de Álex Kouri de las elecciones municipales. El 2 de setiembre del 2014 opiné contra la decisión del JEE de Lima de excluir a Luis Castañeda, con estos términos: “[Que] por meros formalismos, la burocracia electoral no suplante a la voluntad popular”. 

En el 2014, por suerte, el JNE enmendó la plana al JEE subalterno. Y un puñado de funcionarios no pudo cambiar la historia de Lima como la cambió en el 2010 y como ahora, en el 2016, pretende cambiar la historia del Perú. Esas decisiones corresponden a la consulta popular. No respetarla puede entrañar cierto larvado espíritu antidemocrático. Que sea el pueblo quien dé cuenta de la improvisación política de Guzmán y de la insolvencia técnica y moral de Acuña. 

Dicho todo esto, no pierdo la esperanza de que el JNE salve a ambos. Si no lo hace, el fallo será legal, pero con serios problemas de legitimidad. Acuña ya no tiene fuerza para pelear y su entorno está harto de apañarlo; pero, desde su resentimiento y su capacidad de ironía, puede alentar a que se investigue a otros candidatos que incurran en la generalizada costumbre de regalar dádivas.

Mucho más grave sería la exclusión de Guzmán. El proceso tendrá que resistir una andanada de gritos de fraude, que se irían disipando hacia la segunda vuelta. Y, ojo, Guzmán podría ser excluido del proceso, pero no de la política; con lo que tendrá la posibilidad de influir en el voto de su electorado. Pero mi temor mayor es que aparezcan documentados cuestionamientos a algunos magistrados, que se dude de sus votos y se enturbie aun más el proceso.

Por supuesto, si se salva a Guzmán (Acuña se desploma solo), también podría investigarse la entereza de los votos que lo salven. Y sus rivales tendrán razón en hacer alharaca por el trato perdonavidas hacia Guzmán. Sin embargo, ya han venido guerreando contra él, aceptándolo como un par y clavándole, legítimamente, etiquetas que lo ligan al gobierno. Su ratificación les daría nuevas razones para exponerlo como el advenedizo que es.