Vientres sin Estado, por Carlos Meléndez

La comisión de Justicia y Derechos Humanos del Legislativo peruano archivó la propuesta de despenalizar el aborto en caso de violación sexual. A pesar de que la iniciativa ciudadana –presentada con más de 60 mil firmas– contaba con el respaldo del Ministerio Público y del Poder Judicial, sucumbió ante el voto de cinco parlamentarios. ¿Por qué las propuestas de (des)regulación sobre asuntos de familia y sexualidad son combatidos tan tenazmente en Perú?

La respuesta fácil apela a la caracterización de la sociedad peruana como conservadora. Si bien la opinión pública nacional ha ido cambiando de la mano con el crecimiento económico y la expansión de las clases medias, el avance de posiciones liberales (en lo social) es aún poco significativo. La existencia de sociedades conservadoras no anula la posibilidad de políticas liberales. Dictaduras militares tradicionalistas promulgaron medidas liberalizadoras en materia de familia: en Argentina (en los sesenta), el gobierno militar de Onganía promulgó –entre otros– el permiso de aborto a mujeres víctimas de violación; y en Brasil (en los setenta), se liberalizaron políticas de planificación familiar. En cambio, en Perú, bajo gobiernos democráticos, no se han alcanzado modificaciones similares.

Además del debate sobre razones favorables o desfavorables en torno a una propuesta puntual, conviene ser conscientes de los mecanismos de reforma de políticas públicas. Normalmente son los representantes políticos (Legislativo y partidos), la tecnocracia estatal y los grupos de presión quienes componen la ecuación del ‘policy making’. Como se sabe, los partidos peruanos carecen de vínculos orgánicos con la sociedad y las agendas emergentes –como la Unión Civil– han desbordado sus plataformas caducas, generando posiciones enfrentadas al interior. Por otro lado, los especialistas de la burocracia estatal –tanto a escala técnica como jurídica– no cuentan con peso político para incidir sobre la agenda pública. De hecho, la dinámica reformista que procuró el presidente Humala en diversas áreas ha fracasado. El silencio de la ministra de la Mujer (¿no era Marcela Huayta feminista?), del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud (luego de la salida de De Habich) es sintomático de la mediocridad del Ejecutivo.

Anulados política y tecnocracia, el destino de tales iniciativas legislativas queda sujeto a grupos de presión. Ahí el desbalance es abismal. Los recursos (económicos, políticos y sociales) de la Iglesia Católica para defender sus causas exceden a los de movimientos feministas. El Arzobispado de Lima y los ‘pro-life’ criollos han desplegado capacidad de movilización, campañas mediáticas –con la contratación de publicistas– y habilidades de cabildeo –disfrazar como “opinión técnica” preceptos religiosos–, en contra de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas (incluyendo el Comité contra la Tortura) y Amnistía Internacional. En la batalla entre religión y derechos humanos, los primeros ostentan más poder.

Un gobierno no puede darse el lujo de abandonar sus políticas públicas al albedrío de las correlaciones de fuerzas sociales. Un Estado no es más “fuerte” porque interfiere sobre el vientre femenino, sino porque garantiza derechos a todos sus ciudadanos por igual (incluyendo los de mujeres violadas). No se trata de representar políticamente a una mayoría conservadora, sino de fijar los cimientos para organizar una sociedad regida por el Estado de Derecho y no por normativa teológica.