El adjunto de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Iván Lanegra, recordó ayer que la minería artesanal es una actividad que acompaña al país por siglos y que solo recientemente se han iniciado esfuerzos por resolver este problema.

Concretamente, desde el 2002, cuando se dictó la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, a fin de fomentar su formalización y reducir los incentivos a la ilegalidad.

“En un escenario de pocas opciones económicas, el alto precio del oro genera fuertes incentivos en los pobladores para dedicarse a la minería aurífera, muchas veces en condiciones de extrema inseguridad”, indicó.

Según información del Proyecto Gestión Ambiental de la Minería Artesanal (GAMA), hay 50.000 familias directa o indirectamente involucradas con esta actividad y son unos 40.000 los mineros artesanales.

“Gran parte de la minería artesanal, tanto formal como informal, se ubica en zonas geográficas de difícil acceso y con poca o nula presencia del Estado en sus funciones de fiscalización y de promoción de la formalización”, recalcó Lanegra.

La minería artesanal aurífera se encuentra concentrada en Ica, Ayacucho, Arequipa, Puno, Madre de Dios y La Libertad.

NORMAS POR LOS SUELOS
Según el vocero de la defensoría, la informalidad de estas actividades involucra el incumplimiento de normas de seguridad e higiene minera, ambientales, tributarias, laborales, y aquellas relacionadas con el uso de insumos peligrosos.
A esto se suma la explotación irracional del suelo, del agua y de los bosques. Además se forman centros poblados precarios y desordenados ubicados sin tomar las mínimas medidas de prevención de desastres.

“La población que vive del agua y de los peces contaminados por el mercurio que utiliza la minería informal está en grave riesgo, pero también lo están los propios mineros artesanales y sus familias, incluidos muchas veces niños, que viven y trabajan sin las medidas de seguridad apropiadas”, señaló.

Respecto del siniestro ocurrido en Puno, Luz Herquinio, representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, indicó que han estado en constante comunicación con las autoridades para saber en qué se puede ayudar.

LAS CIFRAS
-10.000 son los menores de edad que —según diversos estimados— estarían trabajando en la minería informal.
-99% de los mineros informales en el país se concentra en la búsqueda de oro.
-No existen estimados sobre cuál es el movimiento de minerales y la cantidad de dinero que se obtiene en la minería informal.

Congresista que informó de la tragedia en Winchumayo es dueño de la mina