Mandan a prisión a asistente fiscal que cobraba indemnizaciones

El juez de investigación preparatoria del Módulo de justicia Mariano Melgar, en Arequipa, Gino Valdivia Sorrentino, dispuso cinco meses de prisión preventiva para Delma Díaz Pome, la asistente fiscal que presuntamente se apoderaba, desde hace varios meses, de los depósitos judiciales por reparaciones civiles y acuerdos reparatorios no cobrados en el Banco de la Nación.

Delma Díaz deberá permanecer en el penal de Socabaya de la ciudad de Arequipa mientras es investigada por los supuestos delitos de hurto agravado y falsificación de documentos públicos en agravio del Estado y de terceros.

De acuerdo con la Fiscalía, Delma Díaz sustrajo 10 cupones de depósitos judiciales de una de las fiscalías de Mariano Melgar en donde laboró.

La acusada, según las indagaciones del Ministerio Público, se aprovechó de su cargo para sustraer los documentos, endosarlos a su nombre y luego cobrarlos de manera ilegal. Para lograr esto, tomó los sellos originales de los despachos de los fiscales y falsificó sus firmas.

Tendría un cómplice

Durante la audiencia se informó que cinco de los cupones sustraídos fueron cobrados por Delma Díaz en la agencia central del Banco de la Nación de Arequipa, el 9 de setiembre del 2014. Los otros cinco cupones fueron cobrados el 17 de abril del 2015 en la agencia de Tumbes del Banco de la Nación. Delma Díaz aprovechó una pasantía que hizo en su trabajo a la referida ciudad norteña para realizar los cobros.

Según las pesquisas hechas a los cupones recibidos en el Banco de la Nación, la letra en los endoses y las huellas dactilares de Delma Díaz aparecen en las constancias de entrega del dinero. Además, la fiscalía accedió a las filmaciones de la agencia de Tumbes en donde se ve a una mujer con las características de la acusada cobrando el dinero en la fecha señalada. Se presume que Delma Díaz tuvo un cómplice, ya que las falsificaciones de las firmas de los fiscales no corresponden a su letra.

El Ministerio Público está pidiendo una pena privativa de la libertad de 20 años por la sumatoria de los delitos.