¿Hay una obsesión fujimorista con la prensa?, por B. Roca Rey

Subsiste la preocupación por las posibles motivaciones y eventuales consecuencias del proyecto de ley fujimorista sobre la gestión de medios de comunicación. Se dice que exageramos. ¿Pero qué hubiera pasado si no reaccionábamos de inmediato, como prensa independiente? Pues, de entrada, se hubiera mantenido el tenor inicial del proyecto que, de modo temerario e inconstitucional, apartaba de un medio a cualquiera que hubiera sido simplemente denunciado, no sentenciado, por corrupción; así como una polémica “veeduría” de medios que recordaba el controlismo interventor y la censura de la dictadura militar.

Ahora nos enteramos de que esta no es la única iniciativa del fujimorismo sobre los medios de comunicación. El congresista Héctor Becerril ha presentado un absurdo proyecto para que las empresas periodísticas destinen el 2% de sus ventas anuales a un fondo para la seguridad social del canillita, lo que resulta írrito, pues se trataría de una especie de impuesto dirigido solo a un grupo de empresas y no a todas y, a la larga, tendría pocos efectos prácticos. 

Tal propuesta, según el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Roberto Rock, es lamentable e inconstitucional. “Una ley específica para los medios impresos falta a la equidad que disponen preceptos constitucionales en la mayor parte de los países […] los vendedores de publicaciones no son empleados directos de los periódicos, por lo que la ley resultaría una imposición legal sobre los medios y un intento confiscatorio contra el patrimonio de los periódicos”.

A decir del legislador Carlos Bruce, hay una “obsesión del fujimorismo sobre el tema de la prensa”, lo que sería sumamente preocupante no solo para la vigencia de las libertades fundamentales de expresión y opinión, sino también para el propio sistema democrático. Peor aún si, como pretenden algunos de sus representantes, el debate y aprobación de estos temas tan polémicos y trascendentales se limitase al recinto del Congreso, lo que resultaría inaceptable. Como ha apuntado acertadamente el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, “esa es una visión limitada. El debate sobre este tema debe darse en todos lados y de una vez […] Quien niega el debate no cree en la libertad de expresión”.

Si existe una obsesión fujimorista o no se verá con el tiempo y con los hechos. Y serán ellos los que deben asumir responsabilidad ante el país y la gobernabilidad democrática que tanto está costando reconstruir. 

De antemano, despierta suspicacia que, tal como ha recordado el congresista Alberto de Belaunde, de los más de 120 proyectos que han llegado a la Comisión de Constitución, muchos no hayan sido puestos en agenda ni sustentados por sus ponentes. Por ello, acota, “resulta peculiar que este proyecto de ley (Aramayo-Letona), que recién fue presentado el 7 de marzo haya sido incluido en la agenda de la Comisión de Constitución y sustentado por una de sus autoras tan solo una semana después de haber sido ingresado”. 

Desde la restauración de la democracia en el 2001, la vigencia y ejercicio de las libertades de prensa, expresión y de empresa han sido, en líneas generales, preocupación de los diversos gobiernos democráticos. Ello en el convencimiento de que el respeto de estas libertades es base y condición indispensable de la propia estabilidad y gobernabilidad democráticas.

Nadie dice que todo sea perfecto. Por supuesto que han habido errores y hasta excesos por parte de algunos gobiernos, como también de los medios de comunicación, algunos de los cuales han sido señalados como responsables de extorsión u otros delitos, como bien lo sabemos todos.

Al respecto, el director de “Perú21”, Juan José Garrido, ha hecho una severa autocrítica, que compartimos, al señalar que “la prensa peruana está lejos de cumplir con los estándares que la ciudadanía merece”. Pero, a renglón seguido, acota que la propuesta de Aramayo-Letona “yerra en dicha búsqueda” (de solución al problema). 

Esta ley, precisa, “no es la forma, y sin dudas tampoco –de llegar a promulgarse– cumpliría su rol. El corrupto, por naturaleza, buscará cómo sacarle la vuelta a la misma, lo cual (de acuerdo con la propuesta) sería además muy simple: basta con que un testaferro lleve la batuta y se acabó, el medio existe y se guía bajos los cánones del corrupto”.

Mucha lógica pero también profunda preocupación, por lo que se precisa un espacio de reflexión, en el que prime la coherencia y convicción democrática, mas no la amenaza ni la fuerza de los votos en el Congreso. El debate debe continuar sin presiones ni ojerizas, que para muchos serían rezagos de la áspera campaña electoral que perdió Keiko Fujimori.

Nuestra preocupación no es gratuita. La historia reciente nos recuerda que durante la década de 1990, el control de la prensa libre fue, sobre todo desde al autogolpe de 1992, uno de los puntales del régimen fujimorista, y principalmente de su todopoderoso asesor Vladimiro Montesinos. 

Así lo demuestran los ‘vladivideos’ de compra de líneas editoriales, y lo sabemos quienes entonces tuvimos que enfrentar las amenazas de los voceros de dicho gobierno, que al no poder comprar nuestra línea, ensayaron una y mil formas de amenaza y amedrentamiento administrativo, político o judicial, para hacernos saber que si no nos alineábamos, pues tendríamos que atenernos a las consecuencias.

Al efecto, utilizaban también cualquier hecho, aun los que involucraban a ex accionistas. El 12 de marzo del 2000, el programa “Contrapunto” de Canal 2 (entonces controlado totalmente por el montesinismo) emitió un “informe” basado exclusivamente en la denuncia de ex accionistas apartados de El Comercio. Al día siguiente, el fiscal ad hoc Jorge Sanz inició una investigación “de oficio”, o sea, sin denuncia de nadie, con los mismos argumentos del programa, en lo que parecía una ‘vendetta’ o maniobra revanchista.

Con la fiscal superior Julia Eguía (condenada en el 2003 por haber recibido sueldo del SIN), pretendían con su “investigación” abrir toda la información contable y financiera de El Comercio de los últimos 20 años, lo cual, en lo formal y procesal, sin entrar al fondo del asunto, era ilegal, pues entraba en el terreno de la prescripción, por lo que el caso tuvo que ser archivado definitivamente. Pese a ello, el procurador Carlos Paredes Lovera pretendió impugnar tal decisión, pero, acorde con el derecho y la contundencia de nuestros argumentos, fue declarada inadmisible.

En tal caso, ninguno de los accionistas y directivos de El Comercio fue llamado a declarar, pero los argumentos y acusaciones contra ellos fueron acogidos difamatoriamente por la fiscalía, con grave daño para su imagen y credibilidad, lo que no fue resarcido. Y en cuanto a la prescripción, pues no fue de ninguna manera un instrumento para evadir la ley, sino por el contrario, para forzar a que esta se cumpla, contra los designios de forzarla a su antojo del gobierno de turno.

Afirmaba Thomas Jefferson que prefería “unos periódicos sin gobierno, que un gobierno sin periódicos”, pues solo a partir de información correcta y libre se podía tomar decisiones correctas, por lo que se oponía a cualquier tipo de censura. 

El respeto a la libertad de expresión y opinión, por encima de cualquier ley o reglamento (como los hay en varios países, con ánimo sobre todo regulatorio), es una característica del Estado de derecho, que fluye de una convicción y una voluntad democrática que se expresa y se pone a prueba cada día. Está en los medios de comunicación, los gobernantes y sobre todo los ciudadanos exigirla y ejercerla con responsabilidad, dentro de un régimen de pluralismo y transparencia abierto al debate de ideas, sin cortapisas ni ojerizas de ningún tipo.