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Una empresa de extracción de cal destruye zona arqueológica en Nasca

Líneas y trapecios prehispánicos se encuentran en propiedad privada. Por ello, la Dirección de Cultura dice que no puede intervenir

Una empresa de extracción de cal destruye zona arqueológica en Nasca

JOSÉ ROSALES VARGAS

Un conjunto de líneas y trapecios de la zona arqueológica de Buenos Aires, ubicada en la quebrada de Socos, en Nasca, fueron destruidos por maquinaria pesada de la Empresa de Agregados Calcáreos Gálvez, que instaló sus canteras hace algunos meses en ese sector para extraer material destinado a la construcción.

El conjunto de líneas y trapecios se ubica a la altura del kilómetro 444 de la Panamericana Sur. Esta zona es propiedad privada, pero forma parte del área declarada por la Unesco hace 18 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Toda la zona adyacente a las líneas y trapecios también ha sido afectada, pues se ha removido la tierra y los vestigios arqueológicos que en ella se encontraban.

El director del Instituto de Investigaciones Aeroarqueológicas Ojos de Cóndor, Eduardo Herrán Gómez de la Torre, responsabilizó a la Dirección Regional de Cultura de Ica por no sancionar a los responsables.

“Tras realizar un vuelo por la quebrada de Socos, al norte de Nasca, hemos comprobado la destrucción irremediable de un conjunto de líneas y trapecios que existían en la zona. La planta calcárea responsable no ha sido sancionada ni fiscalizada por las autoridades de la Dirección Regional de Cultura de Ica, pese a encontrarse en esta gran reserva arqueológica. La empresa argumenta que el terreno donde la planta está instalada forma parte de un predio privado y que la propietaria puede hacer lo que quiera en su terreno, pero no es así”, dijo Herrán.

AUTORIDADES NO SE PRONUNCIAN
La Dirección Regional de Cultura de Ica ha realizado dos evaluaciones en la zona, el 26 de setiembre y el 11 de octubre del año pasado. Los informes de estas evaluaciones dan cuenta de la instalación de la planta, la habilitación de varios accesos, la remoción del terreno, la colocación de tanques de agua y petróleo, la presencia de vehículos y maquinarias, y la instalación de una garita de control.

El director provincial de Cultura de Nasca, Mario Olaechea Aquije, dijo que el terreno es de propiedad privada y que la propietaria puede trabajar con libertad, sin que las autoridades de Cultura puedan intervenir.

Raúl Sotil Galindo, director regional de Cultura de Ica, evitó dar declaraciones. Afirmó que la responsabilidad recae en Olaechea, a quien además le reiteró su confianza.

Eduardo Herrán pidió que, ante la pasividad de las autoridades regionales, intervenga el mismo ministro de Cultura, Luis Peirano Falconí.

DAÑO ARQUOLÓGICO E HISTÓRICO IRREPARABLE
La Dirección Regional de Cultura de Ica (DCR) inspeccionó la zona en dos oportunidades, cuando la Empresa de Agregados Calcáreos Gálvez se instaló en la zona, el año pasado. La primera fue en setiembre y la segunda en octubre.

El Comercio tuvo acceso a los informes que los arqueólogos de la DCR de Ica realizaron. En ellos se señala que hay daños irreparables en un conjunto de líneas de diversa longitud que alcanzaban entre los 60-120 y 150 metros de extensión, además de la desaparición de un trapezoide de casi 60 metros de largo.

Las evaluaciones arqueológicas advierten un daño mayor si continuaba la habilitación de este sector para los fines observados.

Cuatro meses después de entregados estos informes, se puede constatar la desaparición de líneas y trapecios, así como una grave alteración del paisaje cultural arqueológico.

El informe también señala que este sector arqueológico se halla dentro de la zona declarada Reserva Arqueológica y, por lo tanto, está amparado bajo el marco legal de protección y conservación del Patrimonio Cultural de la Nación que permite tomar acciones inmediatas.

En el documento se indica la posibilidad de una sanción. Además, fuentes de la Dirección de Cultura explicaron que, al ser patrimonio cultural, sí podría existir una sanción y que esta debe ser determinada por las instancias legales correspondientes.

Este Diario buscó a la empresa para obtener sus descargos, pero esta no optó por no hacerlo.

El investigador Eduardo Herrán Gómez de la Torre, director del Instituto de Investigaciones Aeroarqueológicas Ojos de Cóndor, considera improbable que no se aplique una sanción sobre quienes destruyen el patrimonio, por más que se trate de una propiedad privada.