Otorgan libertad condicional a funcionarios acusados de recibir coimas de mineros

El juez César Yarleque Oliva del Segundo Juzgado de Investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, otorgó la libertad condicional para cinco funcionarios, dos servidores de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) y un minero acusados de recibir coimas por parte de mineros en proceso de formalización para beneficiarlos administrativamente.

La audiencia se prolongó por 29 horas. Empezó el día lunes 25 de junio a las 8:00 p.m. y terminó recién hoy miércoles a las 01:45 a.m.

El juez resolvió otorgar libertad condicional con restricciones para ocho de los nueve investigados. De acuerdo a esto, ellos no podrán ausentarse del país y deben firmar todos los meses el registro de comparecencia. Por su parte, Glen Edwin Atahuaman Valladares, quien trabajó en la DREM hasta el 2016 y fue detenido por las autoridades en Ica, llegará en las próximas horas a Puerto Maldonado para definir su situación.

Durante la audiencia, el juez puso especial énfasis en el caso del ex jefe del DREM, José Carlos Bustamante Cruz y a la asesora legal externa, Maritza Rocío Rubín de Celis Vicente, a quienes les solicitó la entrega de sus pasaportes, bajo apercibimiento de revocarles el mandato de comparecencia.

El titular de la fiscalía provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Edwin Vásquez Mamani, insistió en su pedido de 18 meses de prisión preventiva para los investigados. 

De acuerdo a la fiscalía la prisión preventiva se justifica porque necesitan recabar 180 testimonios, recoger información de las casas de transferencias, recabar todos los voucher de depósitos para lo que deben solicitar información a algunas casas de trasferencia con sede en Lima. Además, del levantamiento del secreto bancario de todos los involucrados y recabar las testimoniales en las mismas zonas mineras.

Sin embargo, el juez Gino César Yarleque Oliva dijo que si bien existe un registro de depósitos realizados a través de las empresas de transferencias, y órdenes de pago cobrados por los mismos funcionarios y servidores de la DREM, la fiscalía no presentó testimonios o los presuntos motivos por los cuales se habían realizado dichos depósitos.

En relación al peligro procesal, el juez dijo que los acusados habían podido demostrar que tenían carga familiar y domicilio, como otros bienes y empresas en la localidad, además de trabajo conocido en algunos los casos.

De acuerdo a la investigación de la fiscalía, el destituido director de la DREM, José Carlos Bustamante habría recibido S/93.135 por parte de mineros informales o en proceso de formalización, el fiscalizador de la DREM, Henry Meza Huamán habría recibido S/11.400, y el asesor legal José Rafael Córdova Castelo, S/103.728 por el total de los depósitos.

Los otros investigados son: Germer Walter Concha Ordóñez, Yajayda Layme Franco, secretaria de la DREM; Vicente Martínez Sahuarico, encargado de la portería de la DREM; y a un minero identificado como Carlos Ascue Castillo, quien presuntamente era el testaferro de la red.