"La Oroya: postergar un problema", por José Carlos Requena

Opacados por la compleja y larga huelga magisterial, otros conflictos se van robusteciendo calladamente. Es el caso de La Oroya y su centenario complejo metalúrgico. Como se sabe, la actividad empresarial estatal de décadas pasadas legó a sus operadores privados más recientes un pasivo ambiental descomunal, pendiente de resolver. Hoy, la incertidumbre es la que prevalece en la población.

Durante agosto, se han dado dos hechos trascendentales que han pasado desapercibidos en la brumosa coyuntura política. En primer lugar, el lunes 14, con la firma del presidente Pedro Pablo Kuczynski y del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, se promulgó el Decreto Supremo 084-2017-PCM, que “dispone la prórroga extraordinaria del plazo de liquidación en marcha de Doe Run Perú S.R.L. en liquidación”.

El plazo que autoriza el decreto es de un año, contado a partir del 28 de agosto. El dispositivo se dio al amparo de la Ley 30502, promulgada hace casi un año, como solución temporal al problema que significa la paralización del funcionamiento del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza. Se procuraba así afrontar un problema que había causado reiteradas protestas en tiempos recientes, con saldos fatales. Por ejemplo, en agosto del 2015, un manifestante falleció y hubo decenas de heridos.

El segundo hecho relevante del mes se dio la semana que termina. El miércoles 23, la junta de acreedores, en la que el Gobierno tiene mayoría, aprobó la venta por separado de los activos de la empresa: el complejo y la mina Cobriza. Según dijo la ministra del sector, Cayetana Aljovín, la venta por separado fue una solicitud de los trabajadores. “Con esto se paga la deuda social”, señaló la funcionaria en un artículo publicado el 24 de agosto en el diario “Gestión”.

En la sesión donde se votó la venta por separado tuvieron un rol importante los acreedores privados, con intereses en el sector. Para empezar, no participó la peruana Volcan. Según “Gestión”, los votos que habrían inclinado la balanza para la decisión final correspondieron a las mineras Buenaventura y Votorantim.

En efecto, los fondos que se recauden por esta venta deberían calmar la impaciencia, al menos temporalmente. Pero la venta por separado hace más incierto el destino de La Oroya, al volver aún menos atractivo al complejo.

Al Gobierno no parece inquietarle mucho este potencial desenlace. “Si el complejo no es vendido, se verán otras alternativas”, dijo la ministra Aljovín luego de la decisión que permite vender la mina Cobriza por separado.

Bien haría en consultar estas opciones con la población de La Oroya. Por el momento, la única certeza es que el problema, en vez de solucionarse, simplemente parece haberse postergado.