En el Perú faltan 1,8 millones de viviendas

El debate sobre la necesidad de políticas de vivienda social empieza hoy en Limápolis 2016

En el Perú faltan 1,8 millones de viviendas

El 70% de las viviendas en Lima se construyó de manera informal y gran parte colapsaría ante un sismo. Este panorama se repite en las provincias. (Foto: Rolly Reyna / El Comercio)

“Las barriadas son una especie de costra precaria, un infierno urbano que algún día tendrá que ser reemplazado por nuevas ciudades dotadas con servicios y espacios públicos”, dice Wiley Ludeña, arquitecto, docente universitario y director de la revista “Urbe”. Esa es la amarga reflexión que ofrece a El Comercio tras analizar el fenómeno de la autoconstrucción en el país y la ausencia de políticas de vivienda social, este último uno de los temas centrales del taller Limápolis 2016 que empieza hoy en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El infierno urbano del que habla Ludeña no solo es una realidad en Lima, una ciudad en la que el 70% de las viviendas fueron producto de la construcción informal (sin orientación técnica y con materiales de baja calidad), según el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano (PLAM) al 2035. El caos se vive también, por ejemplo, en el cono norte de Arequipa, donde hoy viven 150 mil personas, o en Chiclayo, donde más de 400 mil personas viven en 360 barriadas. En total, se estima que en el Perú hay 7,6 millones de personas en asentamientos humanos.

Según los organizadores de Limápolis, la precariedad de las barriadas es un problema que no podemos seguir eludiendo. Los riesgos son múltiples: contaminación, falta de áreas verdes, déficit de equipamiento urbano. Pero lo que más preocupa es la vulnerabilidad ante los desastres. Si ocurriera en Lima un terremoto de magnitud 8, se derrumbarían 200 mil viviendas y otras 350 mil quedarían dañadas, según el PLAM 2035. Los distritos más golpeados serían aquellos donde primó la autoconstrucción como Villa El Salvador o Ventanilla.

Créditos y bonos

Las barriadas y su desarrollo por autoconstrucción fueron las consecuencias más visibles de la explosión demográfica y de las migraciones que ocurrieron en el Perú desde la década de los 40. Según los cálculos más recientes del INEI, el déficit nacional habitacional actual es de 1’860.692 viviendas.

¿Cómo gestiona la vivienda hoy el Estado? El Gobierno concentra sus esfuerzos en productos de financiación crediticia como el Fondo Mivivienda o el programa Techo Propio. Según información del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), entre agosto del 2011 y febrero de este año se han otorgado créditos y bonos para la construcción de 190 mil viviendas con 857 mil beneficiados. 

“El problema del modelo actual es que hay sectores como el D y E donde eso [el crédito] no funciona como mecanismo para obtener una vivienda”, señala el arquitecto Luis Rodríguez, organizador de Limápolis. 

Tanto los arquitectos Ludeña como Jorge Ruiz de Somocurcio consideran que las políticas de vivienda social son casi inexistentes. Al respecto, el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Vidal, respondió a El Comercio que en los últimos 15 años el rol del Estado “ha pasado de ser constructor a facilitador y promotor para atender, con el sector privado, los requerimientos de la población”. Añadió que esa participación no puede considerarse “limitada” debido a que la inversión en créditos de vivienda roza los S/8 mil millones en este gobierno.

En búsqueda de una política

“El Perú fue un país pionero en el tema de la vivienda social. Aquí se generaron proyectos como PREVI [que planteaba el aprovechamiento de la fuerza autoconstructora pero organizada con criterio urbano], que influenció en la regeneración de las políticas de vivienda en Inglaterra”, recuerda el arquitecto Rodríguez. Lo que se buscará en esta edición de Limápolis será volver a eso: generar sistemas multisectoriales para solucionar los grandes problemas de la ciudad que crece en laderas.

La clave,comenta Rodríguez, está en diseñar políticas de vivienda que abarquen varios sectores desde los municipios, el Ministerio de Vivienda hasta los pobladores y las empresas constructoras. Para Ludeña, replantear este modelo insostenible de las barriadas es cuestión de vida o muerte. “De otra forma, en caso de un desastre, el Estado tendrá que gastar miles de soles en rehacer una ciudad que nunca fue tal”, señala.

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