(Foto: Ralph Zapata)
(Foto: Ralph Zapata)

Hace 11 meses María Isabel Palomino Valdéz asumió como responsable de la (que depende del Ministerio de Justicia), entidad que se encarga de seguir las investigaciones a funcionarios acusados de desfalcar económicamente al Estado. "Tanto en el sector Educación, como en el aparato de Justicia, se instauraron organizaciones criminales aquí en Piura", dice.

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- ¿Cuáles han sido sus prioridades en estos meses al frente de la Procuraduría? -
Primero organizar la oficina, revisar todos los expedientes para ver si estábamos apersonados como actor civil en todos los casos. Actualmente tenemos tres tipos de casos: los emblemáticos, los casos grandes y los más pequeños. Estos últimos me interesan mucho porque viene gente lejana, de la sierra de Piura, a denunciar delitos como peculado. Me gusta mirar las zonas más alejadas, sin perder de vista los casos emblemáticos.

- ¿Cuentan con personal suficiente y logística para resolver toda la carga procesal? -
En esta oficina somos tres abogados, una asistenta legal y personal administrativo. En total, siete personas. Tenemos 1.127 casos de corrupción de funcionarios. (De esta cifra, 225 casos tienen como agraviado al Gobierno Regional de Piura, 150 a municipalidades provinciales y 290 a municipios distritales). Todos estos casos los evalúa el Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción en Piura, inaugurado el año pasado, y que ha permitido agilizar los procesos, pues tenemos casos desde el 2010, que involucran al Gobierno Regional de Piura.

- ¿En cuántos casos emblemáticos están apersonados como actor civil? -
En todos. Donde sí tuvimos problemas para apersonarnos fue en los casos de varias municipalidades distritales, donde se venció el plazo. Un 5% de casos (56 aproximadamente) se perdieron de esa manera, pero fueron casos anteriores a nuestra gestión que comenzó el año pasado.

- Hablemos de los casos emblemáticos, de las Ugeles. ¿Cómo van las investigaciones? -
El caso de la Ugel Huarmaca está en investigación preliminar aún porque incluye a varios investigados y diversas pericias. Y tenemos también los casos de la Ugel Chulucanas, Ugel Piura y Ugel Paita. En este último caso (el primero, de 2015) ya se formalizó la investigación y estamos esperando fecha para la audiencia de control de acusación. Efectivamente, yo también he tenido esa percepción de (retraso en las investigaciones), en realidad porque los actos de investigación son más complicados.

- ¿De cuánto perjuicio económico estamos hablando? -
En estas cuatro Ugeles es más de S/7 millones de soles el daño patrimonial al Estado. (Incluyendo a las Ugeles de Sullana y Talara, que investiga la Procuraduría Anticorrupción de Sullana, el perjuicio alcanza los S/ 12 millones).

- ¿Por qué fue fácil robarle 7 millones al Estado? -
Hace falta un organismo supervisor, y el tema de fondo es que los jefes que debían cuidar el dinero estaban metidos. Hasta ahora, en todos los casos, los exdirectores de las Ugeles han sido parte de esta red criminal. Todos se beneficiaban: el tesorero, el que hacía la planilla, el de recursos humanos, y los montos variaban: unos se beneficiaban con mil soles, otros con S/. 10 mil o con S/. 40 mil de acuerdo al cargo.

- La primera denuncia es del 2015, ¿en ese año comenzó a operar esta red criminal? - 
No empieza en 2015 con el caso Paita, viene desde antes. Porque una red no se construye así de rápido, tiene inicios previos, y vamos a investigar cómo se llegó a ese punto. Los investigados han dicho: "es que me lo enseñaron", "en otra Ugel lo hacían así". Es decir, ha habido una escuela criminal en el sector Educación de Piura, porque se transmitieron conocimientos para desfalcar al Estado.

- ¿Cuántos ex gobernadores de Piura están investigados por corrupción? -
(César) Trelles Lara, (Javier) Atkins, (Reynaldo) Hilbck. En realidad, todos al igual que los alcaldes. Están investigados, en su mayoría, por colusión en las grandes obras. Pero es complicado probar la colusión, por eso hace poco se absolvió a Atkins por el caso del puente San Miguel, pese a que se condenó a ex funcionarios suyos. En este caso vamos a apelar el extremo de la reparación civil.

- Se acaba de cumplir un año de la declaratoria de emergencia del Ministerio Público de Piura. ¿Cuánto se ha avanzado en esta lucha? -
El fiscal (Ricardo) Cerro fue condenado a 6 años de prisión efectiva por cohecho pasivo propio, igual que la fiscal Danitza Carrasco (condenada a 7 años de prisión efectiva). Pero hay otros fiscales investigados también. Se ha formalizado la denuncia contra el fiscal (Enrique) Dávalos Gil, acusado de recibir dinero de una organización criminal. Y el caso del ex fiscal Rogel Palma está en investigación preparatoria. A él se lo acusa también de favorecer a delincuentes. Toda esta red venía desde arriba, desde los más altos mandos.

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