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Piura
Redacción EC

En la megaoperación número 44 que se desarrolló esta madrugada en la región Piura, a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, se detuvo a 25 integrantes de la organización criminal "Los malditos de la reconstrucción", dedicados a los delitos de extorsión, usurpación agravada, sicariato y tráfico ilícito de drogas.

El ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes, informó que "la organización criminal operaba desde el 2012 y se ocupaba de extorsionar empresas de construcción, de servicios y municipalidades. Este es un delito silencioso y que causa mucha zozobra en la ciudadanía, por eso cada golpe contra quienes la ejercen es muy importante".

"Los malditos de la reconstrucción" se conformó hace seis años para dedicarse en un inicio al asalto a mano armada y a los asesinatos por encargo. Sin embargo, en la actualidad decidieron incursionar en el cobro de cupos en agravio de las obras de rehabilitación y prevención en las zonas afectadas por los desastres naturales en Piura, Paita y Sullana.

"Los malditos de la reconstrucción" eran dirigidos por Luis Alberto Agurto Romero y por Jorge Luis Quezada Carmen. Se trataría de una dupla con amplio prontuario delictivo, al punto de que el primero se encuentra recluido en el penal de Ica, tras ser capturado el 6 de mayo del 2017 por tentativa de homicidio.

Según la Policía Nacional, la trayectoria criminal de los cabecillas empezó hace más de una década, tiempo durante el cual habrían pertenecido a peligrosas bandas. 

Los cabecillas de "Los malditos de la reconstrucción" solían coordinar vía telefónica la ejecución de sus fechorías. Para lograr sus propósitos empleaban fusiles AKM y pistolas HK, Glock y Pietro Beretta. Las armas de fuego de corto y largo alcance eran proporcionadas desde la prisión por indicaciones de Pulga, quien las guardaba en distintas caletas bajo supervisión de sus cómplices.

-Obras en la mira-

"Los malditos de la reconstrucción" habían puesto la mira en los ingenieros responsables de las obras de reconstrucción en Piura. A sus víctimas les cobraban el 1% del valor del proyecto, además de presionarlos a pagos por concepto de chalequeo, cupos de trabajo y planillas fantasmas.

Las intimidaciones corrían, muchas veces, por cuenta de temibles delincuentes procedentes de Trujillo. En ese sentido, la Policía Nacional no descarta posibles alianzas estratégicas con organizaciones criminales de dicha ciudad, como Los Malditos del Triunfo, Los Pulpos y Los Lobos.

Con el objetivo de doblegar la voluntad de sus víctimas a partir del chantaje, destinaban recursos a la adquisición de cámaras de grabación espías (lapiceros, relojes y lentes) para registrar las extorsiones o pagos indebidos.

Entre las obras donde realizaban sus extorsiones figuran la remodelación de la avenida Sánchez Cerro en Piura, que comprende el tramo desde la avenida Chulucanas hasta la avenida Wiese.

En la lista también figura el Consorcio Terminal Pesquero II, la creación del servicio de video vigilancia y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Bellavista, la instalación del sistema de electrificación rural y redes eléctricas en Sullana, Catacaos, Castilla y Piura.

Otro proyecto extorsionado fue el mejoramiento del sistema eléctrico del Alimentador 1020 y 17 SED en Paita, al igual que los encargados de la construcción de galerías ubicadas en el Mercado Modelo de Piura. Los agraviados continuaron con las empresas Cable Visión Querecotillo SAC y empresa AWC Perú SAC.

-Más delitos-

"Los malditos de la reconstrucción" también hicieron uso de la violencia y las amenazas de muerte contra los dueños de extensos terrenos agrícolas –aproximadamente 380 hectáreas– ubicados en la zona de Yucal I y Yucal II, en Marcavelica (Sullana) para despojarlos de sus propiedades. Los terrenos eran luego vendidos al mejor postor.

De igual forma, los integrantes de la organización criminal conspiraban para ultimar a otros delincuentes comunes que pretendían arrebatar terrenos que estaban bajo sus dominios.

En paralelo, los cabecillas de "Los malditos de la reconstrucción" establecieron contacto con residentes en Lima y en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) para abastecerse de grandes cantidades de droga.

Posteriormente, trasladaban el cargamento ilícito por tierra hasta la frontera con Ecuador y otra porción la guardaban para la venta al menudeo o por delivery a sus clientes.

Una logística parecida aplicaban para el tráfico de armas de fuego de corto y largo alcance, según la PNP. Los pertrechos eran comercializados también en Ecuador, hasta donde las enviaban debidamente acondicionadas en camionetas.

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