Tal como se había anunciado en semanas previas, hoy ante el Consejo Permanente de la OEA el Perú sustentó sus cuestionamientos a algunas de las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en casos de terrorismo.

Al respecto, el representante de nuestro país ante la OEA, Walter Albán, señaló que en el caso peruano “son cada vez más frecuentes los casos en que las personas responsables de graves crímenes perpetrados con extrema violencia y mediante actos de terrorismo acuden ante la CIDH alegando supuestas violaciones a sus derechos”.

Estas gestiones, Albán señaló, son ajenas “a la sensibilidad de la sociedad peruana” por tratarse la violencia terrorista de un hecho que dio lugar al terror generalizado en el Perú.

De ahí que el Perú se adhiere a una serie de recomendaciones delineadas sobre las competencias de la CIDH por varios países de la región. Así, Albán indicó que se debe “considerar la posibilidad de elevar una consulta a la CIDH en torno a los alcances de las medidas cautelares, la pertinencia de su adopción y las consecuencias prácticas de su implementación, así como el grado de vinculación que ellas suponen para los Estados concernidos”.

En tal sentido, nuestro representante expresó que ello debe apuntar a evitar que en la CIDH se tramiten expedientes paralelamente a la sede nacional o “que se convierta en una doble instancia, desnaturalizando por completo el objetivo del sistema de derechos humanos”.

El Perú expresó su adherencia a este sistema aunque consideró necesario revisar los criterios y prácticas de intervención de la CIDH en estos temas. Según Albán, varios países ya desarrollan en sus fueros internos herramientas para salvaguardar “encuentros y heridas heredadas del pasado”.