El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, señaló hoy que los casos de los congresistas suspendidos Celia Anicama y Eulogio Amado Romero no requieren pasar por la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente o el Pleno del Congreso para que puedan ser procesados por delitos penales.

En la víspera El Comercio alertó que hasta el momento la referida sub comisión, que presidente Víctor A. García Belaunde, no recibe formalmente las denuncias para investigarlos (a ella por hurto de señales de cable y a él por uso de testaferros para registrar concesiones mineras) y, en consecuencia, podrían salvarse del desafuero.

“Hay muchos congresistas que antes de ser elegidos como tales incurrieron en actos delictivos, entonces esos tienen otros procedimientos, no existen en muchos casos el pedido del antejuicio, sino que el Congreso autorice simplemente el inicio del proceso porque ellos no tienen la prerrogativa del antejuicio, de manera que no todo tiene que pasar por la Subcomisión, la Comisión Permanente y menos el Pleno del Congreso”, explicó Peláez en Radio San Borja.

Dicha autorización tendría que aprobarse en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria.

CASO CHEHADE SIGUE ABIERTO
Peláez recordó que el caso de Omar Chehade fue distinto porque sí necesitaba del antejuicio, aunque el Congreso ya dijo que no procede.

También aprovechó para recordar que en este último caso existe una investigación en la Fiscalía de la Nación, donde se están viendo hechos relacionados a otras personas que estuvieron en el Brujas de Cachiche.

“Eventualmente, si surgen nuevos elementos, tendríamos que pensar en la posibilidad de un nuevo pedido de antejuicio (para Chehade)”, indicó.