SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ @Shebas07
Redacción Online

El pedido de captura internacional hecho por el juez argentino Norberto Oyarbide contra el ex presidente de facto peruano Francisco Morales Bermúdez ha traído de nuevo a los foros de opinión pública la Operación Cóndor. El magistrado señala que como parte de este plan, trece políticos peruanos de oposición fueron trasladados de manera clandestina a Jujuy en 1978, donde permanecieron detenidos hasta su expulsión.

Esta mañana Morales Bermúdez se ha defendido y ha dicho que nuestro país nunca se plegó al Plan Cóndor. Pero qué significa esta operación y cuáles son los vínculos que tiene con el régimen militar de finales de los 70’ (el general en retiro fue presidente del 75 al 80).

Esta política comenzó tras la caída de Salvador Allende en Chile. Una vez instalada la dictadura de Augusto Pinochet, altos mandos de la DINA (la policía secreta chilena) se reunieron en noviembre de 1975 con integrantes del servicio de inteligencia de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Aquí se acordó realizar acciones de ‘prevención’ contra elementos ‘subversivos’.

Según detalló el defensor de derechos humanos Ronald Gamarra, estos gobiernos, a los que después se sumó Brasil, crearon una red de información, seguimiento, detención y aniquilación de sus opositores políticos refugiados en estos países.

Bajo los acuerdos del Plan Cóndor, estos regímenes dejaron ingresar a su territorio a fuerzas extranjeras secretas que tenían como misión eliminar a los políticos exiliados o que habían conseguido asilo. Este fue el caso del general chileno Carlos Prats y su esposa que murieron en medio de la explosión de un coche bomba en Buenos Aires. La DINA es sindicada por este crimen.

Otros casos fueron el secuestro de una pareja de uruguayos en Porto Alegre, Brasil, y la revelación de los denominados ‘archivos del terror’ en Paraguay. Estos documentos develaron diversas operaciones clandestinas montadas por el gobierno del dictador guaraní Alfredo Stroessner.

LA VÍNCULACIÓN CON EL PERÚ
Sobre la vinculación de la Operación Cóndor con el régimen de Morales Bermúdez, Gamarra señaló que existe un informe de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés) que establece que el Perú y Ecuador se habrían sumado a esta política de terrorismo de Estado.

“Hay una serie de elementos que demuestran que existieron coordinaciones. Por ejemplo, hay un documento que dice que en 1977 un comando argentino ingresó a territorio peruano y detuvo a un político refugiado que previamente había sido identificado por el Servicio de Inteligencia peruano”, indicó el ex procurador anticorrupción en diálogo con elcomercio.pe.

Además, dijo que la CIA da cuenta de que en 1978 un funcionario de la embajada del Perú en Santiago “atendió un asunto” sobre el Plan Cóndor.

La DINA, agregó Gamarra, emitió en julio de ese mismo año un informe en el que dan cuenta que se realizó una reunión de los integrantes de este operación en Buenos Aires con participación de representantes del gobierno peruano.

LA DEPORTACIÓN DE 13 POLÍTICOS
Una de las pruebas más contundentes de que el Perú se sumó al Plan Cóndor, según la resolución del juez argentino Oyarbide contra Morales Bermúdez, es el traslado clandestino de 13 opositores al gobierno militar a Jujuy la madrugada del 25 de mayo de 1978.

“La investigación permite sostener que ciudadanos peruanos fueron víctimas, mediante privación ilegítima de su libertad del sistema de represión clandestina impartido en el gobierno peruano a cargo de Morales Bermúdez con aval y colaboración por parte del gobierno dictatorial argentino (…) ello en el marco del denominado Plan Cóndor”, indica el documento judicial.

Precisamente, esta mañana el legislador de Gana Perú Javier Diez Canseco, uno de los afectados, afirmó “que lo que hubo no fue una deportación, sino un secuestro y posterior entrega al ejército de Argentina”.

Esta opinión fue compartida por otro de los deportados, el ex diputado Ricardo Letts, quien sostuvo que el gobierno de Morales Bermúdez tuvo la intención de matarlos al enviarlos a Jujuy.

“En esta deportación el objetivo era aniquilarnos. De otro modo no nos sacan a las 2 de la mañana y nos meten a la fuerza en un avión Hércules, nos esposan las manos y los pies y nos entregan un destacamento militar argentino”, manifestó en “Buenos días Perú”.

Más tarde en ATV+, Letts dijo que existen momentos en los que piensa que Morales Bermúdez debería estar recluido en el penal de Yanamayo, en Puno. “Él debería ser sentenciado y sentir tres meses la cárcel en Lurigancho. El resto de su vida puede estar bajo arresto domiciliario”, expresó.

MORALES BERMÚDEZ PUEDE SER JUZGADO
Gamarra sostuvo que si el ex presidente de facto, que tiene 90 años, goza de buena salud, puede ser extraditado a Argentina para que sea juzgado por el secuestro y traslado ilegal de sus opositores.

“Todo depende de sus condiciones de salud. El transcurso del tiempo no impide que se castiguen los crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos. La edad no es un criterio para la impunidad”, acotó.