Por Óscar Castilla / Mario Mejía

Fue sorpresivo y lo decidió el pasado viernes 13, como para darle la razón a quienes creen que existen días nefastos. María Martínez Gutiérrez, encargada del Juzgado Penal 34 de Lima, paralizó la investigación que realizaba el Ministerio Público para localizar a las personas y empresas que dieron la orden para que Business Track (BTR) interceptara de forma ilegal las comunicaciones de Rómulo León, Alberto Quimper y otros personajes públicos.

Fuentes judiciales revelaron a El Comercio que la magistrada emitió una resolución con este propósito —de una sola página— cuando Walter Milla, titular de la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado, se disponía a ver el abundante material informático incautado en la casa de Giselle Giannotti Grados, una de las directivas de BTR.

Pero eso no ha sido lo peor, porque la jueza Martínez también dispuso la nulidad de todas las diligencias realizadas desde el 30 de enero, las cuales apuntaban a descubrir quiénes fueron los contratistas.

Lo curioso es que el 30 de enero la misma magistrada autorizó que la fiscalía continuara con la investigación.

¿Y POR QUÉ LO HIZO?
En los predios judiciales las fuentes consultadas ignoran los motivos que llevaron a dicha jueza a dar marcha atrás y desconocer su propia resolución.

En el nuevo fallo, del viernes 13, ella señala que “el juez penal es el director de la instrucción [investigación] y que todo lo contrario genera [es decir, lo que estaba haciendo la fiscalía] una indagación paralela proscrita por la Constitución”.

Además, la jueza Martínez también dejó sin efecto una resolución que dictó el pasado 24 de enero el juez Edwin Yalico, quien se encargó del caso inicialmente. Este magistrado había dispuesto que la fiscalía prosiguiera con la investigación del caso.

Lo que sí deja en claro la magistrada es que su decisión la toma en virtud a un pedido de la defensa de Giselle Giannotti.

La jueza dispuso que “a la brevedad posible” el fiscal Walter Milla remita a su despacho todo el material incautado en la casa de Giannotti, así como en los domicilios de los ex marinos Elías Ponce Feijoo y Carlos Tomasio de Lambarri y de los otros tres integrantes de Business Track.

APELACIÓN INTERPUESTA
Se espera que hoy, a partir de las 8:00 a.m., se inicie el traslado del material informático. En la fiscalía hay gran preocupación por el destino final de todo este material que se encontraba en un ambiente reservado y espacioso de la sede de las fiscalías contra el crimen organizado.

Ahora todos estos soportes informáticos, que contienen valiosa información sobre otros personajes “chuponeados”, serían guardados —de no disponer de otro espacio— en alguno de los hacinados recintos, repletos de expedientes de otros casos comunes, del Juzgado Penal 34.

Las fuentes consultadas revelaron que el fiscal Milla ya interpuso una apelación contra el inexplicable fallo de la jueza Martínez. Esta impugnación será vista en las próximas semanas por una sala superior. No obstante, mientras esto ocurra, la investigación en el Ministerio Público quedará paralizada.

Hasta el momento la fiscalía solo ha examinado lo incautado a Martín Fernández Virhuez, Jesús Ojeda Angles y Jesús Tirado Seguín, quienes se acogieron a la confesión sincera.

En estos días debían empezar a revelarse los secretos y actividades de Giannotti y de Elías Ponce y Carlos Tomasio, socios de Business Track. Sin embargo, esto —por ahora— ya no será posible.