Defensor de ex presidente pidió eximir de responsabilidad a su patrocinado
El abogado César Nakazaki, encargado de la defensa del ex presidente Alberto Fujimori, sostuvo ayer que la detención del periodista Gustavo Gorriti durante el autogolpe del 5 de abril de 1992 —uno de los hechos por los que se procesa al extraditado— no se puede considerar un secuestro, sino simplemente una detención ilegal en la que su cliente no habría tenido responsabilidad alguna.
Así lo señaló en la tercera sesión de su alegato final ante la Sala Penal Especial, que juzga a su patrocinado, para quien solicitó la absolución de ese delito.
Nakazaki argumentó que en el caso de Gorriti hubo el delito de abuso de autoridad en la modalidad de detención ilegal cometido por funcionarios públicos con potestad para detener que sobrepasaron esa facultad y violaron las garantías del detenido.
El abogado señaló que la pena para ese delito es solo de tres años de privación de la libertad, lo cual ya habría prescrito, pues Fujimori está procesado oficialmente desde el 14 de noviembre del 2003.
En otra parte de su exposición, Nakazaki sostuvo que durante la etapa de instrucción de este juicio se habría violado el derecho a la defensa de su cliente. Recordó que al ex jefe del Estado se le abrió proceso penal el 13 de setiembre del 2001, pero recién en abril del 2002 (siete meses después) lo declararon reo ausente y le asignaron un abogado de oficio.
Añadió que, pese a que Fujimori tuvo un abogado de oficio, este no participó en ninguna diligencia de declaración testimonial ni presentó escritos ni recursos a favor de su cliente.
Nakazaki continuará con su exposición mañana. Se calcula que proseguirá con su alegato posiblemente dos semanas más.
En tanto, César San Martín, presidente del tribunal, informó que se elaboran las reglas que regirán la etapa de debate, votación y lectura de la sentencia, las cuales se aprobarán previa opinión de las partes procesales.
MENCIÓN INTERNACIONAL
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) señaló ayer en Washington que el juicio que se sigue a Fujimori es un acontecimiento positivo en materia de justicia internacional y rendición de cuentas por crímenes de derechos humanos.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, manifestó que su organización espera que el “tribunal que juzga a Fujimori emita una sentencia justa que tenga en cuenta los estándares internacionales sobre responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos”.
HRW difundió un documento de ocho páginas de preguntas y respuestas sobre el proceso contra Fujimori en el que se analiza la jurisprudencia internacional sobre responsabilidad penal, así como algunas interrogantes relacionadas con las pruebas presentadas por los fiscales José Peláez y Avelino Guillén para intentar establecer la responsabilidad del ex presidente en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
EL DATO
Inasistencia fiscal
En la sesión de ayer no asistieron los fiscales ni los abogados de la parte civil. La congresista Keiko Fujimori dijo que eso demostraba la “debilidad de su acusación”.
