La Comisión Interamericana de Lucha Contra el Terrorismo (Cicte) acordó ayer adoptar una serie de recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional para reforzar el control de diversas actividades que servirían para financiar actividades subversivas.

El acuerdo contempla que los países de la OEA lleven un control más estricto de las actividades de las ONG, que en algunos casos podrían derivar fondos al terrorismo; y que adopten medidas legislativas que impidan el contrabando de dinero en efectivo y otros valores.

La Cicte, un organismo adjunto a la OEA, inició en Washington su noveno período de sesiones, y acordó también compartir información para combatir el tráfico de drogas, armas de fuego, municiones y explosivos; así como el secuestro, los asaltos y cualquier otra manifestación de delincuencia organizada.

FUERZAS ARMADAS Y DD.HH.
El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, saludó estas medidas y resaltó que aquella que busca controlar mejor a las ONG será especialmente útil en el país.

Sin embargo, declaró que “muchas veces los estados enfrentan la incomprensión de organismos y autoridades que inconscientemente dan crédito a denuncias que perturban las acciones antiterroristas”.

Flores-Aráoz resaltó —en el caso peruano— el riesgo que significa trasladar a los efectivos que luchan en el VRAE para que declaren en Ayacucho por las denuncias contra violaciones de derechos humanos. Para el ministro, “lo lógico sería citar al personal cuando esté de relevo”.

Ronald Gamarra, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo que “las investigaciones del Ministerio Público no interfieren con la lucha, pero en todo caso, los fiscales también podrían ir a la zona de conflicto para recoger los testimonios”.