(DPA) La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal del país, anunció una jornada nacional de protesta el 8 de julio en apoyo a las demandas de los indígenas de la selva y sierra y de los gremios en conflicto en el país.

La medida fue acordada durante una asamblea de bases a nivel nacional, que concluyó la noche del sábado, y la central obrera descartó la realización de un paro nacional de tres días, como inicialmente se había propuesto.

La izquierdista CGTP indicó que la jornada de protesta incluirá movilizaciones en todo el país y huelgas en varias regiones por parte de frentes cívicos, en rechazo a las políticas económica y social del gobierno del presidente Alan García.

El secretario general de la CGTP, Mario Huamán, denunció una “persecución política” contra dirigentes populares y mencionó al líder indígena Alberto Pizango, asilado en Nicaragua tras ser denunciado penalmente por la huelga de los indígenas de la selva.

Huamán dijo que será difícil una reconciliación nacional, como pidió esta semana el presidente Alan García, “si no se solucionan los conflictos con los gremios, y no hay una decisión firme para encarar los problemas del país”.

Las protestas en la selva peruana mantuvieron en tensión al país durante 70 días y dejó 34 muertos, y ahora los conflictos se han trasladado al sur andino, donde los gremios campesinos alistan huelgas y algunas provincias están paralizadas cada una con su propia agenda de reclamos.

En Cusco, capital histórica de Perú y principal atractivo turístico, organizaciones campesinas anunciaron una marcha hacia la capital de esa región, que amenaza con empañar la fiesta del Inti Raymi (Dios Sol), ceremonia que atrae a muchos visitantes.

Reclaman la derogatoria de la ley de recursos hídricos y la anulación de las concesiones mineras. También amenazan con tomar las principales vías de esa región y el aeropuerto de Cusco, a 1.170 kilómetros al sureste de Lima.

Las autoridades de la provincia de Andahuaylas, en Apurímac, suspendieron las actividades por el aniversario de esa localidad debido a una huelga que cumplen los campesinos hace diez días y demandan la presencia del jefe del gabinete, Yehude Simon, para solucionar el conflicto.

Simon, quien ha recibido el respaldo del presidente Alan García, será interpelado por la oposición política en el Congreso, el miércoles, por los hechos de violencia en la selva, que dejaron 34 muertos. El gobierno terminó por derogar los decretos cuestionados por los indígenas.

El conflicto de la selva tuvo un costo político para el presidente Alan García, cuya popularidad cayó de 30 por ciento en mayo a 21 por ciento en junio y el nivel de desaprobación a su gestión aumentó de 62 a 76 por ciento, a casi tres años en el poder.