La Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley que permite la consulta a las comunidades indígenas después de los violentos hechos en Bagua que dejaron 34 muertos, entre policías y nativos.

En conferencia de prensa, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, explicó que la iniciativa “resulta más que pertinente (… ) necesaria para sentar las bases que garanticen el diálogo intercultural, incorporando así a dichos pueblos en el proceso de toma de decisiones del Estado, en el marco del sistema democrático de derecho”.

El planteamiento tiene como finalidad facilitar el cumplimiento del Convenio 169, de la Organización Internacional de Trabajo.

El convenio fue ratificado por el Estado peruano, el 02 de febrero 1994, y entró en vigor un año más tarde, el 02 de febrero 1995, de acuerdo a la Asociación Paz y Esperanza.

La propuesta “establece la necesidad de que las entidades responsables de aprobar las medidas administrativas o legislativas que sean objeto de consulta conduzcan dicho proceso, bajo la supervisión de un Organismo Público Especializado, del Poder Ejecutivo, en materia de pueblos indígenas”.

El Colegio de Abogados de Lima también anunció la presentación de un proyecto de ley que servirá a que las instituciones del Estado apliquen procedimientos administrativos a fin de garantizar adecuados mecanismos de consulta, conforme lo estipula el Convenio 169.

Los indígenas iniciaron una movilización desde hace meses en protesta por una serie de leyes promulgadas por el Gobierno en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos argumentando que no fueron consultados y que afectaban sus territorios.

La movilización alcanzó su nivel más violento el pasado cinco de junio cuando la Policía intentó desbloquear un tramo de la carretera Fernando Belaunde en Bagua, Amazonas, el pasado cinco de junio.

Vea el proyecto de ley aquí.