El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, afirmó que se tiene que cumplir la ley que concede beneficios penitenciarios, en una aparente contraposición a la propuesta del Ejecutivo que elimina privilegios a los condenados por terrorismo .

“Si existe una ley que dispone determinados beneficiados penitenciarios, se tiene que cumplir. Si es que se dan las condiciones y el juez valora, se tienen que dar estos beneficios”, dijo Villa Stein a los periodistas durante una actividad en el Penal de Reos Primarios, ex San Jorge.

El titular de la Corte Suprema manifestó que “no se puede permitir” estigmatizar a los reos.

“Porque el que cumple su condena, pues ya cumplió. Entonces, cumplida la condena y si nos valemos de una pluralidad de artificios para perennizar su pena, estaríamos haciendo un juego sucio”; indicó Villa Stein.

El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso el pasado 12 de setiembre según el cual dispone que no proceden los beneficios penitenciarios para los condenados por terrorismo, derogando el decreto legislativo 927.

PROYECTO DE LEY

El Gobierno presentó el proyecto de ley en medio de la controversia por la presentación del libro del sanguinario fundador de Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán .

“Los condenados por delitos de terrorismo no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, la semilibertad y la libertad condicional”, reza el texto del Ejecutivo.

CASO MOROTE

En la víspera, Osmán Morote, uno de los cabecillas de SL, solicitó su libertad condicional acogiéndose al decreto legislativo 927.

Morote cumple condena en el penal de Piedras Gordas por diversas matanzas, entre ellas la de Lucanamarca, Ayacucho, en 1983.

El decreto 927 sostiene que los condenados por terrorismo pueden acogerse a los beneficios de la “redención” de la pena (a razón de un día de pena por siete días de trabajo o estudio) o la “liberación condicional” (tras cumplirse las tres cuartas partes de la pena impuesta y con la opinión favorable del Consejo Técnico Penitenciario).

POLÉMICA EN EL CONGRESO

La bancada aprista quiere que la iniciativa sea abordada con carácter de urgencia en la Comisión de Constitución.

El legislador de Alianza Por el Futuro Rolando Sousa apoyó el planteamiento gubernamental y dijo que no era inconstitucional.

Al respecto, advirtió de que tenía la información de la liberación de sentenciadas por terrorismo, como Lori Berenson o Maritza Garrido Lecca.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Justicia, el parlamentario de Unidad Nacional, Raúl Castro, rechazó la propuesta oficialista de eliminar el siete por uno por “razones de naturaleza humanitaria, social y jurídica”.