Por: Mario Mejía

El ex presidente Alberto Fujimori volverá a sentarse mañana en el banquillo de los acusados. Esta vez afrontará un nuevo juicio oral en el que se ha agrupado tres casos de corrupción: la interceptación telefónica, el soborno a congresistas y la adquisición de un medio de comunicación y de la línea editorial de otros.

El fiscal supremo José Peláez Bardales sostuvo que existía la posibilidad de que el procesado se acogiera a la terminación anticipada para evitar una larga exposición pública. Sin embargo, el abogado César Nakazaki no ha querido precisar cuál será su estrategia de defensa, solo ha enfatizado que se dará en un ambiente adverso. “Estamos convencidos de que la Corte Suprema ha decidido no hacerle justicia al señor Fujimori, sino destruirlo”, aseveró.

La fiscalía ha pedido ocho años de prisión para el ex mandatario a quien acusa de los delitos de peculado, interceptación telefónica y cohecho activo. El juicio comenzará a las 9 a.m. en la sede de la Diroes, en Ate.

“CHUPONEO” TELEFÓNICO
La fiscalía imputa al ex presidente haber ordenado y planificado la interceptación telefónica a partir de 1990 contra políticos, periodistas y empresarios. Son 28 personas las agraviadas y entre ellas figuran la presidenta del PPC Lourdes Flores Nano, el periodista Enrique Zileri y el empresario Ricardo Vega Llona.

Según Peláez, Fujimori y Montesinos diseñaron un plan denominado Emilio al que destinaron grandes sumas de dinero para adquirir equipos de “chuponeo”. “Hay 60 testigos, así como videos, audios y documentos que acreditan la responsabilidad del ex mandatario”, afirmó el magistrado. Aquí se atribuye el delito de interceptación telefónica.

SOBORNO A CONGRESISTAS
El segundo caso está referido al soborno a 13 congresistas de oposición para que se pasaran al partido de Fujimori, a fin de garantizar una mayoría en el Congreso. La fiscalía sostiene que hay abundantes pruebas (recibos, documentos y videos) que acreditan la participación del acusado en este caso, donde se configura el delito de peculado. Los pagos fueron hechos con dineros del Estado.

Entre los llamados congresistas tránsfugas estaban Roger Cáceres Pérez, Waldo Ríos Salcedo, Gregorio Ticona Gómez y Antonio Palomo.

CONTROL DE MEDIOS
Otro caso en que le atribuyen responsabilidad a Fujimori es el referido a la compra en 1999 del entonces Cable Canal de Noticias, por el que se pagó 2’800.000 dólares y la compra de la línea editorial de “Expreso”. De acuerdo al Ministerio Público hay varios videos donde constan las negociaciones en el SIN de Montesinos con Eduardo Calmell, entonces director del citado diario. El delito que se habría cometido es cohecho activo.

Para Peláez Bardales los tres delitos están debidamente probados y asegura que en los tres casos el principal testigo será Montesinos , quien ha dicho que Fujimori daba las órdenes.

“No tenemos duda que la sentencia será condenatoria”, subrayó el fiscal.

Sin embargo el abogado de Fujimori, César Nakazaki insistió en que el tribunal era adverso. “En esta situación ¿qué posibilidades tengo de que absuelvan a mi cliente? Ninguna”, señaló.

EN PUNTOS
Higuchi también daría su testimonio

• La fiscalía inicialmente aportó 92 testigos y mañana pedirá que se incluyan 58 más.
• Entre los nuevos testigos que incluiría la fiscalía figuran la ex esposa de Fujimori, Susana Higuchi, el embajador Javier Pérez de Cuéllar y el ex congresista Henry Pease.
• La procuraduría solicita 24 millones de soles de reparación civil a favor del Estado.
• La Primera Sala Penal Especial de la Corte Suprema que preside el magistrado César San Martín tendrá a su cargo el proceso.
• El último juicio que enfrentó el ex presidente fue por el pago irregular de 15 millones de dólares a su asesor Vladimiro Montesinos, por Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).
• Ese proceso duró apenas una semana pues el ex mandatario admitió haber realizado el pago irregular de la CTS en el año 2000, pero rechazó cualquier responsabilidad penal sobre el tema.