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13 de febrero del 2012 | 29 °C
Fue una condena menos drástica de lo que esperaba la fiscalía. El preso ex mandatario aceptó ser culpable para evitar más exposición mediática
El ex presidente Alberto Fujimori fue condenado a seis años de prisión por los casos ‘chuponeo’ telefónico, compras de medio de comunicación y congresistas tránsfugas, ocurridas en su mandato (1990 – 2000), en lo que constituye su último juicio por corrupción.
El Ministerio Público había solicitado una pena de ocho años de prisión para el ex mandatario. La pena vencerá el 10 de febrero del 2013.
La sentencia será absorbida por la primera condena a 25 años por violaciones a los derechos humanos, puesto que en el sistema legal prevalece la sanción mayor.
La Primera Sala Penal de la Corte Suprema, a cargo del juez César San Martín, responsabilizó a Fujimori de los delitos de peculado, contra la administración pública y violación del secreto de las comunicaciones, en su cuarto y último juicio por corrupción.
REPARACIÓN CIVIL
En la audiencia realizada en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en Ate Vitarte, el tribunal ordenó además a Fujimori a pagar una reparación civil de 24 millones 60 mil 216 soles y tres millones de soles en favor de dirigentes políticos o periodistas que fueron víctimas de interceptación por el régimen.
Durante la audiencia, que duró más de una hora, San Martín destacó la labor del tribunal que presidió al señalar que “cumplió los estándares del debido proceso, propias de un Estado constitucional y una magistratura profesional, independiente e imparcial”.
Las declaraciones de San Martín representan una respuesta tácita a la postura de los fujimoristas según la cual el juicio tuvo un carácter político para frenar las aspiraciones presidenciales de la hija del ex presidente, Keiko Fujimori.
LAS REACCIONES
Tras la finalización del juicio, el legislador de Alianza Por el Futuro Carlos Raffo declaró que se “busca condenar a Fujimori de morir en prisión” y que su agrupación ofrecerá una respuesta política.
Raffo aseveró, además, que la condena obedece a una venganza política y que el fiscal que lo acusó, José Peláez, defendió a terroristas.
Al respecto, Peláez manifestó que tiene una trayectoria limpia y dijo que la Fiscalía interpuso un recurso de nulidad por estar en desacuerdo con la pena impuesta.