El Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley a fin de que se le otorgue facultades legislativas para modificar la normatividad interna que permita “a las fuerzas del orden ejercer sus funciones en los hechos de violencia provocados por la delincuencia común, el terrorismo y el tráfico ilícito contra las drogas”.

Según la iniciativa, las adecuaciones tendrán un plazo máximo de 60 días calendario y comprenden facultades referentes a legislación penal, procesal penal, administrativa y conexa en materia de terrorismo y tráfico ilícito de drogas.

También busca adaptar la legislación “del fuero militar-policial a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional”, “sobre el empleo legítimo de la fuerza” y la que se refiere al crimen organizado, y además a las normas de seguridad, defensa nacional y orden interno.

LOS MOTIVOS
El gobierno argumenta que “es necesario actualizar la normatividad vigente de forma que se anticipe y prevean las nuevas formas de acción delictiva”, así como “establecer las precisiones que comprenden la acción y límites funcionales de la intervención armada”.

El Ejecutivo también dice que los conflictos en los que las fuerzas del orden enfrentan la violencia interna de organizaciones del narcotráfico y terrorismo exigen una legislación “que pueda regular el empleo legítimo de la fuerza en situaciones de insuficiente presencia del Estado”.

REACCIONES
El especialista en temas de narcotráfico Jaime Antezana opinó que varios de los pedidos que ahora hace el Ejecutivo ya los solicitó al Legislativo en el pasado (cabe indicar que el Parlamento ya aprobó la ley que establece el uso de la fuerza militar y que hay un dictamen sobre el uso de la fuerza policial).

Antezana recordó que, en nuestro país, existe un exceso de normatividad en torno a los tres problemas que busca combatir el gobierno. Sin embargo, reconoció que, respecto al narcotráfico, sí podría darse una ley adicional, aunque advirtió que el Ejecutivo, aprovechándose de las licencias, podría comenzar a crear leyes que generen conflictos como el de Bagua, por ejemplo.

El parlamentario y vicepresidente de la Comisión de Defensa, Carlos Bruce, cree que nadie se puede oponer a leyes que tengan que ver con la lucha contra el narcotráfico y terrorismo, pero se inclinó por no otorgarle las facultades al Ejecutivo porque “ya demostró excederse cada vez que se las dieron”. “Yo no votaría a favor, salvo que el Ejecutivo muestre que es una legislación muy técnica”, dijo.

Isaac Mekler, también miembro de la Comisión de Defensa, coincidió con su colega en la desconfianza de otorgarle facultades al gobierno, pero aclaró que no le negaría el pedido al gobierno para combatir el narcoterrorismo.

Agregó que, en ese aspecto, el gobierno puede hacer modificaciones de leyes y luego el Congreso, como le corresponde, las revisaría y derogaría, si es que no son adecuadas.

Rey exige mayor protección a FF.AA.
El ministro de Defensa, Rafael Rey, pidió mayor protección legal para las fuerzas del orden del Perú.

Desde España, Rey sostuvo que los militares y policías requieren “singulares atenciones” porque, a su juicio, los agentes del orden “que cumplen su deber están legalmente desprotegidos”. Por ello reclamó un fuero militar dotado de competencias, así como que los delitos de función sean juzgados por “personas que conocen las dificultades que enfrentan” los miembros de las fuerzas armadas y policiales.

El especialista en temas de Defensa José Robles dice que habría que preguntarle a Rey qué tipo de mayor protección es la que pretende porque la justicia militar-policial ya juzga los delitos de función. “Lo que sí debería definirse adecuadamente es qué es el delito de función: qué es lo que dice la doctrina y qué es lo pretenderían que sea”, afirmó.