Por: Martín León Espinoza

La jueza Jessica León Yarango decidirá mañana si aprueba el pedido de libertad condicional que hizo la terrorista estadounidense del MRTA Lori Berenson .

Si bien la sentencia de Berenson es hasta el 2015 (fue capturada en 1995 y su condena es de 20 años), ella accedió a los beneficios penitenciarios del Decreto Legislativo 927 (dictado en el 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo , que permitía que los condenados por terrorismo accedieran a la redención de pena por trabajo y educación, y la liberación condicional si habían cumplido las tres cuartas partes de su condena).

La solicitud de Berenson se basó en un informe del Consejo Técnico Penitenciario del INPE, en el que argumenta que ella “no sería un perjuicio para la sociedad” en libertad.

Para el procurador antiterrorismo Julio Galindo, el comportamiento de Berenson no ha cambiado y ella sigue siendo una persona “agresiva e intolerante”. “En libertad, fácilmente se va a reincorporar a las actividades terroristas y va a empezar a trabajar de forma clandestina”, dijo.

El ministro de Justicia, Víctor García Toma, afirmó que el Ejecutivo solicitará la expulsión de Berenson si la liberan.

OTROS CASOS
Según la procuraduría antiterrorismo, desde el 2003 hasta diciembre del 2009, 489 presos por terrorismo dejaron la cárcel mediante la liberación condicional. El mayor número se dio entre el 2003 y 2004 (225 casos).

Para Galindo, el Decreto 927 generó mucha incongruencia jurídica. Debido a esto, el 14 de octubre del año pasado el Congreso aprobó la Ley 29423, que derogó el Decreto 927. De esta manera se modificó nuevamente el Código Penal, que regresó a como era en 1991, cuando los presos por terrorismo no tenían el beneficio de libertad condicional.

La procuraduría antiterrorismo tiene información extraoficial de que, antes de la derogación del decreto, Osmán Morote Barrionuevo, Margot Liendo Gil (ambos miembros de la cúpula de Sendero Luminoso), así como Maritza Garrido Lecca (en cuya casa atraparon a Abimael Guzmán) también habrían solicitado acogerse al Decreto 927 (si se lo conceden, saldrían de prisión este año).

Pese a las críticas que ha tenido el decreto, el ex ministro de Justicia Fausto Alvarado (en cuya gestión se aprobó) lo defendió y dijo que fue necesario en su momento. “Los sistemas penitenciarios tienen como finalidad la readaptación y resocialización del interno. Entonces dentro de eso se establecen mecanismos para motivarlos y que puedan realizar trabajos y estudiar. En el Perú (a través del Decreto 927) se estableció el 7 a 1 (un día de pena por siete de labor efectiva)”, afirmó.

Para Alvarado, el decreto también ayudó a que no haya motines ni levantamientos de presos por terrorismo. Además, comentó que se aprobó porque en esa época debíamos adecuarnos a un estándar internacional de legislación en derechos humanos para disminuir el riesgo-país. “Uno no puede mantener un país para inversiones si no tiene una justicia supranacional”, dijo.

Sousa plantea ley de seguimiento
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Rolando Sousa (Grupo Parlamentario Fujimorista), viene preparando un proyecto de ley para que las personas que cumplieron su condena por terrorismo sean materia de seguimiento por parte del Estado y tengan que cumplir otras obligaciones. “La idea es que informen, por lo menos por el tiempo que fue su condena, sobre su domicilio, trabajo actual y otras actividades”, dijo el legislador.

Sousa comentó que una norma de este tipo existe en Estados Unidos, la ley del patriota norteamericano, que le permite al Estado supervisar de por vida al terrorista liberado.

El ex ministro Fausto Alvarado dijo que la norma estadounidense funciona para ellos porque tienen condiciones diferentes. “Si nosotros hacemos lo mismo, tendríamos consecuencias en el ámbito internacional”.

EN PUNTOS
La jueza Jéssica León Yarango, titular del primer juzgado supranacional, decidirá sobre la libertad condicional de Lori Berenson mañana, a las 8:30 a.m. en el penal Santa Mónica de Chorrillos.

Mañana la Sala Penal Nacional también dictará la sentencia de María del Carmen Ortega Segundo, acusada de participar en 1992 en el atentado senderista en la calle Tarata de Miraflores.