elcomercio.pe, Andina. “Yo no quiero impunidad, yo quiero que se castigue a los que se tiene que castigar, pero no en base a suposiciones o declaraciones. Que se encuentren las pruebas y si no se encuentran pruebas no se puede condenar”, declaró el ministro de Defensa, Rafael Rey, al defender un paquete de normas del Poder Ejecutivo sobre aspectos procesales de la justicia militar policial.

Rey explicó que el Gobierno “no está inventando nada” al emitir, por ejemplo, el decreto legislativo 1097 –que adelanta la vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal para delitos de violación de derechos humanos- ya que lo único que está haciendo es “aplicar lo que ya está normado.”

En declaraciones a Andina, el titular del sector recordó que el código procesal fue elaborado por una comisión presidida por el ex presidente del Tribunal Constitucional, Javier Alva Orlandini, con la participación de representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas a los derechos humanos.

En ese sentido, explicó que el decreto 1097 no pretende obstaculizar el normal desarrollo de los procesos judiciales contra militares ni policías. “Si no se consiguen pruebas de la comisión de un delito, se tiene que archivar la denuncia. Eso se aplica para todo el mundo y por qué no para los militares y policías”, afirmó.

RESPONDE A CRÍTICOS
Rey señaló que ese decreto tampoco beneficiará, como denunciaron en la víspera representantes de Aprodeh e IDL, al ex presidente Alberto Fujimori, quien fue condenado por violaciones de derechos humanos.

“Están diciendo que esto es para Fujimori, no es el caso porque son normas aplicables solo a policías y militares”, aclaró. Agregó que tampoco se puede aplicar al grupo Colina porque sus integrantes ya están sentenciados.

Sin embargo, ayer la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, advirtió que “en el caso Frontón ya ha culminado el tiempo y seguramente ya se podrían presentar los escritos para archivar el caso (...) también el caso Cayara, donde quedarían fuera de cargo varios generales procesados”.

USO DE LA FUERZA
Sobre el decreto que regula el uso de la fuerza, Rey descartó que la norma pueda ser utilizada para permitir una supuesta “impunidad” en caso que los militares y policiales se enfrenten a manifestantes.

Precisó que las protestas sociales de ninguna manera pueden ser consideradas como un grupo hostil. “Las protestas sociales no cumplen los requisitos de grupo hostil. O no han leído bien la norma, o no la han entendido o quieren falsear la verdad”, agregó.