El ministro de Defensa, Rafael Rey, salió hoy nuevamente al frente de las críticas contra el cuestionado Decreto Legislativo 1097, el mismo que establece el archivamiento de procesos a militares y policías por violación a los derechos humanos, en caso se hayan excedido los plazos legales.

Rey insistió en que la norma no se dio para beneficiar a determinadas personas, como los miembros del Grupo Colina, según denunciaron en los últimos días representantes de diversas ONG.

En la víspera IDL Reporteros denunció que los abogados César Nakasaki y Sergio Tapia fueron consultados para la elaboración del DL 1097. El primero es el abogado de Alberto Fujimori y el segundo está vinculado al primer vicepresidente, Luis Giampietri.

“NO SEAN INTOLERANTES”
En conferencia de prensa, un ofuscado Rey aceptó que entre las diversas personas que consultó para este tema figuran, efectivamente, Nakasaki y Tapia.

“Por supuesto que he consultado cosas con César Nakasaki por teléfono (...)
no sean así de intolerantes, de qué se le acusa y por qué estaría proscrito”, afirmó Rey, quien, además, cuestionó el trabajo de un reportero de Canal N por preguntarle al respecto.

Si bien el ministro aceptó que sí consultó con estos personajes, señaló que “ninguno de ellos son asesores del ministerio ni han tenido papel fundamental en la redacción de estos decretos”.

También “Caretas” informó ayer que, de acuerdo a fuentes del mismo ministerio, Tapia participó en la redacción de la norma, quien dicho sea de paso fue contratado por el Estado para el Caso El Frontón.

CITA CON LA IGLESIA
En otro momento Rey anunció una “reunión urgente” con la comisión permanente de la Conferencia de Episcopal Peruana, a fin de informar los alcances del dispositivo legal.

Ayer el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, arzobispo Luis Cabrejos, y el presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social, Pedro Barreto, emitieron un comunicado expresando su preocupación sobre el tema.

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