En el interior del saliente Gabinete ministerial se estaría analizando un proyecto de ley para solicitar al Congreso la derogación del polémico Decreto Legislativo 1097.

Así lo informó el hasta ahora titular de Justicia, Víctor García Toma, quien sostuvo que el Consejo de Ministros solo tiene potestad para legislar, pero no para anular o retirar una ley que está en vigencia.

PUNTOS DE DIFERENCIA
García Toma explicó a RPP cuáles eran las diferencias que tenía el ministro de Defensa, Rafael Rey, con el resto de miembros del Gabinete Ministerial.

“En el caso del Mindef se plantea, porque Rafael Rey aún lo sostiene, que existe la prescribilidad de los delitos de lesa humanidad; en cambio, el Gabinete en su conjunto dijo que la norma se debía amparar en la convención de Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que indican que estos delitos no prescriben”, sostuvo.

El segundo punto era la aplicación automática del sobreseimiento. Mientras que Rey pedía que los casos deban ser archivados cuando se extralimita el tiempo de los juicios, el Consejo de Ministros planteó que primero se investigue la razón de la demora del proceso.

García Toma precisó que el Mindef quería que los jueces se rijan por la norma y el resto del Ejecutivo tenía la tesis de que el DL 1097 tenía que ser concordado con los tratados internacionales, las normas de la CIDH, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.

“El cuarto tema era el sobreseimiento en cualquier etapa del proceso. El Ministerio de Defensa decía que se podía dar incluso en el juicio oral, falso porque esto solo se puede hacer en la etapa de instrucción, sino se nos escapaban los Colina”, refirió.

El último punto con el que no estuvieron de acuerdo, expresó García Toma, fue que el Mindef planteó la aplicación retroactiva que hubiera aplicado para los condenados.

“NO PODEMOS CAER EN LA IMPUNIDAD”
García Toma indicó que el Gobierno no puede cerrar “los ojos ante una realidad” porque existen procesos de 8 ó 10 años contra militares y policías que han sido acusados por “delitos muy graves”.

“Hay que tomar acciones, la norma tenía esa meta, corregir el problema de la infracción a las garantías del debido proceso para aquellos policías y militares que están siendo procesados por delitos graves, pero que tienen una larga etapa de instrucción e incluso no terminan”, agregó.

Para finalizar, el hasta ahora ministro de Justicia dijo que ya hubo dos intentos del Tribunal Constitucional para corregir estos casos. Uno fue en el proceso contra el general Walter Chacón y el otro fue el juicio contra Julio Salazar Monroe.