La clausura de las actividades quinquenales del Congreso de la República trajo consigo ayer una inesperada sorpresa política: los adversarios electorales de la segunda vuelta presidencial –entiéndase fujimoristas y nacionalistas– se aliaron para permitir que sus congresistas electos del nuevo Parlamento y que arrastran procesos judiciales por varios delitos sí puedan jurar el mandato popular este próximo 27 de julio.

Esto quiere decir que no habrá impedimento legal para que varios legisladores que han sido electos precisamente de estas dos bancadas con juicios de por medio puedan sentarse en sus nuevas curules, burlándose así de los requerimientos en curso del Poder Judicial.

Esta iniciativa fue presentada por los apristas hace casi un mes y se buscaba que en el nuevo Congreso –que iniciará sus funciones dentro de 40 días– empiece a funcionar sin que el derecho a la inmunidad parlamentaria se convierta en impunidad.

Pero la propuesta aprista traía de contrabando un artículo, a través del cual se permitía, previa corrección del reglamento, que una bancada parlamentaria sea constituida con cuatro integrantes y ya no por seis miembros como es la norma vigente. ¡Y qué casualidad, en el próximo Congreso, los apristas serán solamente cuatro integrantes! Es decir, con esa reducida representación no podrán constituir grupo parlamentario y, por ende, con derechos limitados.

Se desató un arduo debate político-legal de tres horas sobre el primer punto (la juramentación de los congresistas denunciados), y fue notorio que los congresistas nacionalistas y fujimoristas con el auxilio de los pepecistas coincidieron en oponerse a esta enmienda legal alegando la plena vigencia del principio constitucional de la presunción de la inocencia.

Incluso se planteó que si un congresista electo miente en su hoja de vida puede ser causal para que no jure el mandato.

Al final de la discusión el congresista aprista y presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, Aurelio Pastor, propuso un texto sustitutorio a sus colegas para regular la inmunidad de arresto de los futuros legisladores. Esto es que si el congresista es citado o se ordena su detención o es condenado en un proceso iniciado antes de su elección, no tiene otra salida que atender la orden judicial.

La bancada humalista se reunió fuera del hemiciclo por orden de su vocero Daniel Abugattas, mientras que los fujimoristas hacían lo propio en un lado de la sala. Al final todos retornaron al hemiciclo y votaron a favor para que la propuesta sea derivada a la Comisión de Constitución, tal como lo solicitó el ex humalista Carlos Torres Caro.

El récord de la votación fue así: 46 votos a favor, 40 en contra y ninguna abstención. En otras palabras, el intento aprista para modificar el reglamento del Congreso se archivó de facto recién el próximo Congreso reanudará las labores de las comisiones dictaminadoras.

Al enterarse de su revés político, el rostro del vocero aprista Mauricio Mulder era más que elocuente: “¡Más vale calidad que cantidad! Preferible es estar solos [los cuatro] que mal acompañados. Seremos grupo especial. Podremos estar en todas las comisiones y hablar lo que querramos pero no podremos votar. Y en los plenos tendremos poco tiempo para intervenir. ¡Pero qué importa!”, arguyó ante la prensa.

En donde sí todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo fue en devolver a la Contraloría General de la República las facultades de control de los organismos estatales, luego de que en el 2009 el gobierno aprista dictara un decreto de urgencia 067 dejando en suspenso esta herramienta eficaz para el uso correcto de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción. También se aprobó una ley para dar pensión vitalicia de 1.100 soles mensuales a 10 artistas peruanos.

Al cierre de esta edición, el Congreso aprobó la ley que crea una oficina para la evaluación de magistrados. Esta será independiente de la labor que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura.

LAS CIFRAS
130 serán los legisladores que a partir del 27 de julio iniciarán sus funciones en el Congreso. Trabajarán hasta el 26 de julio del 2016.

28 legisladores del período 2006-2011 fueron reelectos para el quinquenio parlamentario 2011-2016. Pertenecen a las agrupaciones políticas de Perú Posible, Solidaridad Nacional, Fuerza 2011, Gana Perú, Partido Aprista y Alianza por el Gran Cambio.

15 dictámenes y propuestas de modificación de leyes fueron aprobados, al cierre de esta edición, en la sesión maratónica de la última plenaria del actual Congreso.