El Poder Judicial ha enviado al Congreso un proyecto de ley que busca castigar con cárcel la difusión, a través de la prensa, correos electrónicos e Internet, de aquellas comunicaciones obtenidas mediante la interceptación telefónica ilegal como se dio en el caso Business Track.

Según informó el diario “Perú.21”, el referido proyecto, que parte de los casos ‘Petroaudios’, BTR y el audio de Lourdes Flores, en lugar de incrementar las penas para los responsables del ‘chuponeo’, tiene como objetivo incluir como ilícito, la propagación de estos audios.

Esta iniciativa- que lleva la rúbrica del presidente del PJ, César San Martín, y que fue enviada al Legislativo el 5 de julio último- plantea modificar el artículo 162 del Código Penal para añadir como delito la difusión de las conversaciones obtenidas a través de la interceptación telefónica.

PENA EFECTIVA
De esta manera, el PJ propone que se reprima con una pena efectiva de entre seis y diez años de prisión, a las personas que difunda estos audios a través de la prensa, es decir, esta medida se podría aplicar a los periodistas responsables del medio.