Abarata las campañas, la columna de Fernando Tuesta Soldevilla

Las declaraciones de Jorge Barata ratificaron que el largo brazo de la corrupción de la empresa Odebrecht alcanzó a todos los líderes importantes de nuestro país. Más menos, todos sucumbieron ante el dinero que les permitía competir por el poder y, más tarde, retribuir a la mano bondadosa que les ayudó a ganar.

Esto no es nuevo en la dinámica de los partidos, ni siquiera es una marca registrada peruana. Lo que ocurre es que el “modelo de negocio” de la empresa Odebrecht se transnacionalizó, y al estallar el caso en Brasil, reventó en los países en donde realizaba el mismo negocio: financiar campañas, ganar licitaciones de grandes obras, sobrevalorar dichas obras con sus respectivas sobreganancias, lo que permitía seguir financiando campañas.

Es decir, si el tema no estalla en Brasil, en nuestro país no se discutía. Hace ya algunos años, el principal dueño de una entidad financiera declaraba que, como Barata, había financiado a varios candidatos. Su nombre nunca estaría en ningún libro contable. Nadie pestañeó.

En lo que va del siglo, partidos sin dinero, con un marco normativo que incentivaba la violación de la propia norma, se convirtieron en presa fácil de los intereses de los poseedores de los recursos económicos. Estos se presentaban ante los candidatos o estos se acercaban a ellos para financiar sus campañas electorales. Estas empresas, sean nacionales o extranjeras, aportaban a las campañas de los favoritos con el imaginable propósito de ser retribuidos cuando sus financiados lleguen al poder, sea para favorecerlos con obras, normas u otras formas de beneficio.

Hubo una restricción formal, que señalaba que un partido no podía recibir más de 60 UIT al año de una persona natural o jurídica, vale decir, S/204 mil y S/216 mil para los años de las elecciones del 2006 y 2011. Según Barata, recibieron aportes de Odebrecht las campañas de Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Alan García, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, en cantidades que superaban ese tope.

Según la ley, el aporte no declarado por los partidos políticos se presume de fuente prohibida. Pero la ONPE, solo podía aplicar una multa. Se trataba, pues, de una falta administrativa electoral y esta nunca se tipificó como un delito.

Los partidos recibían el dinero y lo hacían pasar por aportes de terceros o como actividades y eventos partidarios. Para lograr eso se requiere experiencia, pericia, abogados, contadores y dirigentes inescrupulosos. Y, salvo casos excepcionales, los candidatos presidenciales miraban de costado, pero difícilmente desconocían estas operaciones.

Pero si bien no es delito, se debe seguir la ruta del dinero. Si llega a la Caja 2 de Odebrecht, estamos presumiblemente ante los casos de lavados de activos.

No será fácil probar, pues, en casos como estos, tanto aportantes como beneficiarios suelen dejar pocas huellas a su paso. Y el otro objetivo, relacionar estos aportes con la retribución posterior correspondiente. Por ejemplo, a través de obras, como en el caso de Odebrecht. Estamos, pues, delante de una historia repetida, de cómo el dinero se come a la política. El problema es que es la historia donde nunca hay empacho.