¿Cuál es el costo de la corrupción en el Perú? [INFORME]

El principal costo de la corrupción no es lo robado, sino su impacto en la inversión y el acceso a servicios públicos

¿Cuál es el costo de la corrupción en el Perú? [INFORME]

(Foto: Archivo)

Diego Macera

La corrupción se halla de manera consistente entre las preocupaciones más graves de los peruanos. Según Ipsos, en el 2010, para el 47% de ciudadanos era uno de los tres principales problemas del país; el porcentaje subió a 52% cinco años después. La sensación de que se puede encontrar el germen de la corrupción detrás de cada licitación, licencia, trámite burocrático, concesión privada y funcionario público es cada vez más extendida.

La impresión no es del todo injustificada: para la Procuraduría Anticorrupción, hace un año, el 92% de los alcaldes del país (casi 1.700 de 1.841) estaban siendo investigados por presuntos actos de corrupción vinculados a los delitos de peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión.

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Para la mayoría, el gran problema con la corrupción son los recursos que el Estado pierde cada vez que, por ejemplo, un alcalde distrital cobra una proporción del dinero del canon invertido en estadios con mayor aforo que la cantidad de habitantes del distrito o cada vez que un congresista contrata trabajadores fantasmas para laborar en su despacho. Estas pérdidas, por cierto, no son insignificantes. El año pasado, la entonces primera ministra Ana Jara señaló que el monto comprometido en actos de corrupción ascendió en el 2013 a nada menos que S/.10.000 millones –equivalente a 30 veces el presupuesto del programa Cuna Más–.

La verdad, sin embargo, es que el costo económico de la corrupción va mucho más allá de los montos robados del Tesoro Público. Aparte de las implicancias éticas o legales de estos delitos y de las pérdidas de recursos públicos, ¿cómo afecta la corrupción a la economía del país?

1. Debilita el ambiente de negocios y distorsiona los incentivos.
La economía de mercado se basa en el supuesto de que las empresas que ofrezcan un mejor servicio al menor costo serán premiadas con mayores ventas y mejores ingresos. Cuando los acuerdos dejan de depender de este mecanismo y más bien dependen de quién sea el amigo o pariente del alcalde de turno, la economía deja de funcionar y las empresas pierden el incentivo para competir.

En el caso de las licitaciones públicas, las empresas serias que pueden ofrecer, por ejemplo, la construcción de una carretera con buenos materiales y tiempos oportunos son desplazadas por empresas de menor fiabilidad que se prestan a actos de corrupción. Previendo esta situación, muchas compañías serias prefieren no presentarse a algunos concursos y se pierden acuerdos convenientes tanto para el sector privado como para el sector público. El sistema de incentivos para mejorar los servicios de los privados ya no opera.

En consecuencia, la inversión privada se ve perjudicada. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), un país con problemas de corrupción podría incrementar en 5% su inversión privada fortaleciendo el marco institucional que protege a los inversionistas de estas prácticas. Además, el Foro Económico Mundial (WEF) estima que la corrupción encarece en 10% el costo de hacer negocios, y en hasta 25% el costo de celebrar contratos en los países en desarrollo. Finalmente, el WEF señala también que trasladar un negocio de un país con bajos niveles de corrupción a uno con medianos o altos niveles de corrupción es equivalente a un impuesto adicional del 20%.

2. Genera malas decisiones.
Cuando un alcalde corrupto planea el trazo de una carretera de un modo ineficiente pero que le permite cobrar una comisión o contrata con una empresa constructora que usará materiales deficientes pero que le asegura una tajada del negocio, el verdadero costo de la corrupción no está en el monto que aparece en la cuenta del burgomaestre, sino en los defectos de la carretera.

Por citar un caso, la contraloría demostró que José Panta Quiroga, mano derecha de Gregorio Santos en Cajamarca, recibió poco más de S/.403 mil en sus cuentas de Interbank y el BCP. El motivo habría sido la irregular adjudicación de obras por S/.130 millones a empresas que no contaban con los requisitos mínimos para realizarlas. En esta situación, la coima representa el 0,3% del valor total de las obras. La infraestructura mal concebida, mal construida y que, posiblemente, tendrá que rehacerse cuesta varios millones. Este, posiblemente, sea el costo escondido más importante de la corrupción: las malas decisiones que genera por la búsqueda del incentivo ilegal.

A nivel agregado, trabajos de la Universidad de Londres calculan que para países de ingresos medios y bajos un punto adicional en el índice de corrupción de Transparencia Internacional (estandarizado desde 0 para el país más corrupto y 12 para el menos corrupto) agrega 0,59 puntos porcentuales adicionales a la tasa de crecimiento del PBI.

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