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En el espacio de la polémica: la compra del satélite Perú SAT-1

Especialistas señalan que compras de gobierno a gobierno –como fue la del satélite– son legales, pero poco transparentes

En el espacio de la polémica: la compra del satélite Perú SAT-1

En el espacio de la polémica: la compra del satélite Perú SAT-1

El 15 de setiembre de este año se marcó un hito en el Perú: el lanzamiento del primer satélite, desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, fue el primer paso en la carrera espacial del país. Sin embargo, en las últimas semanas, la palabra ‘satélite’ ha sonado una y otra vez en el Parlamento; y no ha sido, precisamente, porque los congresistas estén interesados en la ciencia.

El Perú SAT-1 fue adquirido a través de la modalidad de gobierno a gobierno con Francia durante la gestión de Ollanta Humala, cuando Pedro Cateriano era ministro de Defensa. Esta compra, valorizada en casi S/600 millones, está en la mira de la Comisión de Defensa, que preside la congresista Luciana León. En unos días se conocerá si el grupo decide pasar a calidad de investigados a algunos involucrados en el proceso luego de sus indagaciones preliminares.

No se trata de la primera compra de gobierno a gobierno de la anterior administración. En total, se gastaron S/800 mil millones en adquisiciones bajo esta modalidad. Con Francia hubo una excepción: a pedido de los europeos se firmó un tratado ejecutivo internacional, aprobado por el anterior Congreso para formalizar la transacción. 

En una entrevista con Willax, León señaló, días antes de que el pleno otorgara facultades investigadoras a la comisión que preside, que no existían vicios en la compra. “Lo que habría como irregular sería el plazo del lanzamiento de este satélite”, dijo el 5 de setiembre.

Desde Airbus Defence and Space, empresa que ensambló el satélite, han aclarado que esta adquisición ha sido transparente y que es falso que haya existido un direccionamiento. El vicepresidente de Ventas y Márketing para América Latina de la compañía, Christophe Roux, explicó, además, por qué el depósito de lo que costó el satélite fue hecho a una cuenta de la empresa.

“Es obvio que de ‘gobierno a gobierno’ no significa que el flujo de dinero sea para el Estado Francés”, sostuvo a El Comercio.

Airbus Defence and Space, en la que el Gobierno Francés tiene actualmente un 11% de acciones, trabaja en el Perú desde el 2005, según su representante en la región. “Conocí a seis jefes de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), a ministros de Defensa de Toledo, de García, de Humala. Lo que ocurrió es que finalmente [la compra] se concretó en el pasado gobierno”, acotó.

¿Pero este mecanismo es legal? Según el abogado Juan Carlos Morón, experto en contrataciones del Estado, se trata de un “régimen excepcional” y “una forma pervertida” del sistema. “Es un defecto. Una distorsión. Hemos creado una forma atípica al tercerizar con una empresa”, indicó.

Para Víctor Baca, abogado especialista en derecho administrativo, “no hay ninguna irregularidad” en usar un mecanismo que está en la ley. “Aunque evidentemente es mucho menos transparente que una licitación internacional. Podemos discutir sobre su conveniencia. Un sistema así es mucho más opaco”, añadió.

—Una precisión—
La contraloría precisó a este Diario que “no ha emitido ninguna opinión favorable” sobre la adquisición del sistema satelital. La entidad elaboró un informe de auditoría de cumplimiento en diciembre del 2015.

El órgano de control indicó que la modalidad de gobierno a gobierno “no contempla la causal de proveedor único” y que esta no ha sido empleada en este proceso, pero precisó que observaron la existencia de vacíos legales para regular este tipo de “compras complejas, lo que permite la discrecionalidad de las entidades o funcionarios”.

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