La Ley 28670 declaró de necesidad pública la Interoceánica Sur. (Foto: Rolly Reyna/ Archivo El Comercio)
La Ley 28670 declaró de necesidad pública la Interoceánica Sur. (Foto: Rolly Reyna/ Archivo El Comercio)

Las empresas brasileas involucradas en el Caso Lava Jato tuvieron un marco legal de respaldo para adjudicarse proyectos en el Per. La Contralora General de la Repblica detect 11 normas, emitidas entre el 2004 y el 2014, que viabilizaron las obras de las constructoras ahora investigadas.

Una de esas normas incluso limit la capacidad de la contralora en el proceso de emisin de opinin previa sobre las obras. Fue a travs del Decreto de Urgencia 047-2008, dado el 18 de diciembre del 2008, que consider disposiciones extraordinarias en el contexto de la crisis financiera internacional de entonces.

El decreto se aplic, por ejemplo, en los casos de la carretera IIRSA Centro y el Proyecto Especial Chavimochic, ejecutados por Odebrecht. Se estableci que la viabilidad de los proyectos poda ser otorgada con estudios a nivel de prefactibilidad, indica el informe de la contralora remitido a la Comisin Lava Jato del Congreso.

En el 2008 tambin se promulg la Ley 29207, que declar de necesidad pblica y de inters nacional la construccin de la ferrova transcontinental Brasil-Per. Ac se estableci un rgimen de especialidad y exclusividad, por el cual las disposiciones de la ley prevalecen sobre cualquier norma, apunta la institucin que preside Edgar Alarcn.

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A finales del 2008 tambin se public la Ley 29309, la cual estableci que era una necesidad pblica la continuacin de la ejecucin de los tramos 2 (por Graa y Montero, JJC Contratistas Generales, Constructora Norberto Odebrecht Sucursal Per e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), 3 (Norberto Odebrecht, Graa y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales) y 4 (Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao Sucursal Per) de la Interocenica Sur.

Se dispuso la ejecucin de las obras adicionales que no hubieran sido cubiertas por el 100% de los pagos anuales por obras establecidos en los contratos, especifica la contralora. La Interocenica Sur alcanz aproximadamente US$643 millones en adicionales.

La ley madre En el 2006, se dio la denominada ley Odebrecht. Se trata de la Ley 28670, presentada por el ex congresista de Per Posible Gilberto Daz y aprobada con inusual rapidez en la Comisin Permanente durante el receso del Congreso, el 26 de enero del mismo ao.

La norma suscrita por el entonces mandatario Alejandro Toledo declar de necesidad pblica la construccin de los tramos 1 (Graa y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), 2 y 3 de la IIRSA Sur. En la audiencia del Primer Juzgado de Investigacin Preparatoria en la que se dict prisin preventiva contra el ex jefe del Estado, el juez Richard Concepcin refiri que, gracias a esa medida, el consorcio integrado por Odebrecht y la compaa peruana Graa y Montero pudo obtener la buena pro, pese a que la contralora haba advertido que ninguna de las dos constructoras mencionadas poda contratar con el Estado, debido a que ambas tenan procesos judiciales pendientes.

El Estado vari las reglas de juego en beneficio de Odebrecht. Hubo una ley con nombre propio y cuyo fin fue subsanar defectos legales del proceso en el que se otorg la concesin, enfatiz Concepcin.

En dilogo con El Comercio, Daz neg que su proyecto de ley haya tenido como finalidad favorecer a Odebrecht. Explic que su intencin fue impulsar el proyecto Majes Siguas II, pues beneficia directamente a la regin Arequipa, por la que l fue electo.

Colofn En el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) tambin se emiti una medida que sirvi a los intereses de Odebrecht. Se trata de la Ley 30281, que garantiz, entre otros, el gasoducto sur peruano (GSP).

Se ratific la plena validez de las acciones, actos y procedimientos realizados y aquellos que resulten necesarios para garantizar la ejecucin del proyecto, dice el reporte de la contralora.

El gasoducto sur peruano es la obra de mayor envergadura de Odebrecht en el Per, pues demand una inversin de US$7.329 millones. En esa ocasin, form un consorcio con la firma espaola Enags, al que despus se sum Graa y Montero. A la fecha, la contralora ha detectado un presunto perjuicio econmico de US$136 millones para el Estado Peruano.

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