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Polémica en medio de la emergencia: el uso de recursos públicos

Luis Castañeda Lossio volvió a criticar a PPK. Cifras oficiales evidencian problemas de corrupción en los gobiernos locales

Polémica en medio de la emergencia: el uso de recursos públicos

Polémica en medio de la emergencia: el uso de recursos públicos

Al escándalo de corrupción protagonizado por la empresa brasileña Odebrecht, que implica a los gobiernos de los ex presidentes Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo, se suman cientos, si no miles, de casos de este tipo en los gobiernos regionales y locales en los últimos años. 

Un informe de la Procuraduría Anticorrupción reveló en el  2014, por ejemplo, que el 92% de los alcaldes en todo el país estaban siendo investigados por presuntos actos de corrupción vinculados a los delitos de peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión. Es decir, 1.699 de los 1.841 alcaldes en ese entonces tenían una investigación en la fiscalía o un proceso abierto en el Poder Judicial.

(Ilustración: Rolando Pinillos/El Comercio)

Hace unos días, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), señaló en una entrevista televisiva en CNN que declarar todo el país en emergencia –lo que permitiría a los gobiernos locales y regionales contratar bienes y servicios sin licitación pública– significaría abrir la puerta a la corrupción por la poca calidad de los gobiernos municipales en el país.

Estas afirmaciones reavivaron la polémica entre el mandatario y el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, quien ayer lo volvió a cuestionar. 

“El presidente ofendió a todos los alcaldes del Perú. Yo quiero decirle a PPK que hay que trabajar, no ofenda a todos los alcaldes del Perú, no generalice […] No creo que sea un buen mensaje de un presidente decir a los alcaldes que son coimeros, no pues”, expresó el burgomaestre.

El lunes, Luis Castañeda Lossio ya había lanzado su primera crítica señalando que “el ladrón cree que todos son de su misma condición’, en respuesta a los cuestionamientos del mandatario por la caída de un puente en La Libertad. 

Ayer PPK respondió diciendo que este tipo de palabras no correspondían a un diálogo alturado en un momento como el que afronta el país.

Lo cierto es que, más allá de los dimes y diretes entre el alcalde Luis Castañeda Lossio y el presidente Kuczynski, las cifras de la contraloría muestran los niveles de corrupción en los tres niveles de gobierno, en especial de los locales y regionales, quienes estarían exonerados de los procesos de selección en el caso de una declaratoria de emergencia. 

—Para muestra un botón—
En el Perú, se estima que el costo de la corrupción es de aproximadamente S/10 mil millones anuales, lo que equivale a alrededor del 10% del presupuesto nacional. 

En el 2016, la Contraloría General de la República pudo contabilizar, en base a las investigaciones y procesos judiciales que monitoreó, el perjuicio económico de este tipo de delitos: casi S/500 millones de pérdidas por corrupción estaban siendo investigados.

Si se extiende el período, la contraloría detectó, desde enero del 2013 hasta fines del 2016, 5.920 funcionarios denunciados penalmente: 1.043 del Gobierno Nacional, 1.156 de gobiernos regionales y 3.721 de municipalidades. El perjuicio económico fue de casi S/1.500 millones.

Un caso emblemático es, por ejemplo, el del ex alcalde provincial de Chiclayo Roberto Torres Gonzales, quien enfrenta 18 investigaciones y procesos judiciales por presunta corrupción de funcionarios.

Asimismo, la reciente condena a prisión del ex alcalde de San Juan de Lurigancho Carlos Burgos y la del ex alcalde y gobernador del Callao Álex Kouri evidencian que la corrupción es algo endémico en nuestro país.

—Posible causa—
Para el ex contralor Fuad Khoury, el problema de la corrupción en el ámbito local y regional se inicia por un proceso de descentralización que elevó las responsabilidades a gobiernos locales y regionales sin criterios técnicos. “Fue una descentralización económica mas no técnica”, afirmó.

Asimismo, recordó el terremoto en Pisco, donde muchas de las donaciones y los materiales de construcción no llegaron a las zonas afectadas por la mala administración, no solo del Gobierno Central, sino de los alcaldes. 

“Es correcta la decisión del presidente [de no declarar la emergencia nacional]. El gobierno tiene razón en expresarse de esa manera porque en el pasado ha habido corrupción. Lo sucedido en el sismo de Pisco es evidencia de ello”, anotó.

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