La política judicializada: procura denunciarme más [CRÓNICA]
La política judicializada: procura denunciarme más [CRÓNICA]
Fernando Vivas
Fernando Vivas

Cada país juzga sus trapos sucios como mejor le parece. Aquí lo hacemos de forma bien complicada: el Ministerio Público, o sea los fiscales, es totalmente independiente del , o sea de los jueces. Con frecuencia, las investigaciones y acusaciones de unos postergan y chocan con las sentencias de otros.

Además, con el tiempo, nos hemos hecho de una figura singular: los procuradores especializados. Contratados para defender los intereses del Estado frente a la corrupción de funcionarios, el narcotráfico o el lavado de activos, entre otras lacras, han ganado tanta autonomía ¡que hasta piden investigar a su principal empleador, el presidente de la República, por un trascendido periodístico! ¿Cómo y por qué llegamos a esto?

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—Historia procurada—
En su más remota acepción, el ‘procurator’ fue, en el antiguo derecho romano, quien velaba por las finanzas ajenas. Tal encargo incluía representar a su patrocinado en las cortes. En España, con el paso de los siglos, el término se usó poco y se restringió al ámbito parlamentario. Procurador devino sinónimo de diputado.

Curiosamente, en América Latina no heredamos esa acepción hispana. Se nos coló la del mundo anglosajón, donde ‘to prosecute’ se asocia a interponer acciones legales. Por lo tanto, nuestras ‘procuradurías de la república’,  siempre están en el ámbito de la justicia. Pero tienen dos acepciones distintas: en Argentina, México, Colombia, Panamá, entre otros países, ‘procurador’ es sinónimo de fiscal. En el Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, ‘procurador’ es el abogado que defiende al Estado. Es totalmente ajeno a fiscales y jueces; a diferencia de otros países donde esos cuerpos son más interdependientes. Fernán Altuve, historiador del derecho, me dice que somos un ‘absurdistán’, porque muchas veces los procuradores duplican el trabajo de los fiscales y denuncian a funcionarios que tienen, por ley, el derecho a contratar abogados que los defiendan y el Estado se los paga. Tres profesionales del derecho peleando y cebándose, a costa del Estado, sobre un mismo burócrata.

El ex procurador anticorrupción Joel Segura también me dice que hay dispersión y desorden en la defensa del Estado. Me alcanzó un ensayo de Geisel Grández, “Consideraciones y propuestas para la creación de la procuraduría general de la república”, que traza la historia de nuestras procuraciones: en la Constitución de 1828, el ‘agente fiscal’ acusaba a los malos y defendía al Estado. En las constituciones de 1833 y 1839 se introduce el término ‘procurador’, pero por muchas décadas las dependencias del Estado se limitaban a contratar abogados para su defensa.

Recién en 1969, con el D.L. 17537, se creó el Consejo Nacional de Defensa Jurídica del Estado (CNDJE), para evitar la dispersión. Cosa que se logró parcialmente, pues las entidades y sus cuitas eran tantas, desde la presidencia hasta el último municipio, que el CNDJE poco hizo para parecer un cuerpo colegiado. Además, se facilitó el uso de ‘procuradores ad hoc’, contratados para un fin específico, facultad que será capital para lo que nos pasó luego.

El gran trance de la procuraduría nacional, que marcó todo lo que nos atribuló desde entonces, ocurrió en el 2000. Fujimori le pidió a su ministro de Justicia, Alberto Bustamante, que denunciara a Montesinos; y Bustamante le pidió a su amigo José Ugaz que lo asesorara. Muchos sospechábamos, incluido Ugaz, que se trataba de una mascarada, pero este aceptó el reto y se convirtió en procurador ad hoc para el Caso Montesinos. Ugaz narra en “Caiga quien caiga” (Planeta, 2014) los giros y dilemas que vivió en noviembre del 2000, cuando aceptó el encargo y terminó con su equipo convertido en ‘procuraduría ad hoc’, enfilando baterías contra el propio Fujimori, quien puso pies en polvorosa cuando el video Kouri/Montesinos hizo evidente lo podrido que estaba el régimen.

Joel Segura, jefe de los procuradores de delitos de corrupción entre el 2014 y el comienzo de este gobierno, cuenta que el del 2000 fue “un contexto muy especial”, en el que se justificaba que el procurador presionase por decisiones extremas y cobrara gran protagonismo, teniendo en cuenta que el Poder Judicial y el Ministerio Público estaban debilitados por el régimen recién desmoronado.

El equipo de Ugaz fue parte de la transición. Luis Vargas Valdivia, Ronald Gamarra, César Azabache y Julio Arbizu, en distintos momentos, cobraron tal protagonismo que parecían fiscales empoderados. Y no lo eran. En realidad, el procurador denuncia para que el fiscal abra investigación. Recién cuando estas se abren, el procurador es considerado parte y tiene mayores atribuciones para investigar y perseguir el cobro de las reparaciones civiles y de los millones robados.
        
—No reparo en lo que te haré—
En los siguientes años, se buscó ordenar el sistema de procuradores. Por un lado, fortalecer a las procuradurías especializadas en corrupción de funcionarios, en lavado de activos y en tráfico ilícito de drogas (TID), entre otros rubros. Por otro lado, agilizar un sistema que permitiera nombrar y remover con agilidad a los procuradores de los cientos de entidades y gobiernos locales.

En el 2008, durante el gobierno de Alan García, el D.L. 1068, promulgado por el Ejecutivo en un paquete de facultades delegadas, definió mejor las funciones de los procuradores y adscribió el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado al Ministerio de Justicia. Pero la tensión de las procuradurías especializadas con los gobiernos saltó a las portadas durante el gobierno de Humala. El procurador Julio Arbizu, encargado de los delitos de corrupción, enfiló baterías contra apristas, fujimoristas y, cuando tuvo que hacerlo, contra el propio gobierno. Su separación era inevitable. Unas temporadas después, la procuradora Yeni Vilcatoma cobró mas protagonismo que su jefe Christian Salas, cuando grabó y denunció al ministro Daniel Figallo por comentarios que ella consideró presión indebida delante del asesor presidencial Eduardo Roy Gates.

Tanto antecedente de procuradores en clave alta marcó la campaña última con la promesa, tanto fujimorista como ppkausa, de crear una procuraduría general de la república (PGR) autónoma. Pero las reacciones ante los excesos de la procuradora Katherine Ampuero, sugiriendo investigar a PPK por los trascendidos de una información periodística sobre movimientos financieros que la UIF no admite como veraces, sumados a la denuncia de su colega Amado Enco contra Martín Vizcarra, han hecho que el Parlamento devuelva a comisiones el decreto que creaba la PGR, fruto de la reciente delegación de facultades.

La ministra Marisol Pérez Tello y la jefa del sistema de procuradores, , han sido conminadas, por propios y ajenos, a llamar al orden, por lo menos, a la procuradora Ampuero, quien se jactó de tener “los ovarios bien puestos” en la semana de la mujer y de la justicia enervada por la política.

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