El congresista del Apra Mauricio Mulder reclamó varias veces a Daniel Salaverry por limitar los tiempos de su intervención. (Foto: Congreso de la República)
El congresista del Apra Mauricio Mulder reclamó varias veces a Daniel Salaverry por limitar los tiempos de su intervención. (Foto: Congreso de la República)
Redacción EC

El congresista (Apra) aseguró que el Ejecutivo está detrás de la decisión del Ministerio Público de abrir investigación preliminar al ex presidente y otras 21 personas por presuntamente facilitarle a la empresa APM Terminals la concesión del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao.

“Esta denuncia la hace el señor [Amado] Enco por orden de Vizcarra […] y, por supuesto, el Ministerio Público la abre al toque. Todos están jugando en forma coordinada para acentuar la persecución contra la oposición”, dijo.

Para Mulder, la decisión de la fiscalía “refuerza” el argumento del ex mandatario de una presunta persecución política en su contra.

“Ni siquiera hay algún tipo de imputación de que se hayan pagado coimas. Lo único que hay son temas de carácter administrativo”, aseguró.

Por su parte, el congresista (Apra) coincidió en señalar que en la decisión de la fiscalía “hay una carga política”.

“Aquí no están imputando una coima por la concesión. Me parece que en este caso es muy claro que hay una carga política. No le veo seriedad. Solo crea un clima de incertidumbre […] ¿Cuál es el objetivo? ¿Obtener la nulidad de la concesión del puerto del Callao? ¿Cuál es el mensaje a los inversionistas con este tema? Creo que es temerario, extemporáneo y peligroso para el mensaje de confianza que debe dar el Perú”, dijo.

La disposición fiscal, a la que tuvo acceso El Comercio, indica que Alan García y otros funcionarios “habrían emitido instrumentos de gestión, dentro de los cuales se encontraban los decretos de urgencia para viabilizar la concesión [...] y con ello favorecer a la empresa APM Terminals Callao”.

Con dos decretos de urgencia promulgados en enero del 2011, durante el segundo mandato de García, se declaró de "necesidad nacional" 33 proyectos de inversión, entre ellos el del Terminal Norte del Callao. Ocho meses después, los decretos fueron declarados inconstitucionales.

La empresa APM Terminals informó que está dispuesta a colaborar con la investigación preliminar de la fiscalía. “Estamos comprometidos en operar de manera transparente e integra”, aseguró mediante un comunicado difundido el último viernes.