Alan García: los argumentos de la orden de detención contra el ex presidente

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena ordenó la detención preliminar por 10 días contra el ahora fallecido ex presidente Alan García acogiendo la teoría fiscal que sindicaba al ex jefe de Estado como presunto líder de una organización criminal que habría beneficiado a la empresa Odebrecht.

-Vinculación con Alan García-

Según la resolución a la que accedió El Comercio, el magistrado Sánchez Balbuena amparó el pedido de la detención de la fiscalía al hacer suyo los argumentos del fiscal José Domingo Pérez Gómez.

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En estos se describe que el ex presidente Alan García, durante su período de julio del 2006 al julio del 2011, habría realizado actos colusorios con funcionarios de la empresa Odebrecht con la finalidad de que se le adjudique la buena pro de dos proyectos públicos relacionados al transporte.

Para tal efecto -reseña el documento- “habría determinado la modificación del marco legal previo establecido para ejecutar proyectos de infraestructura por parte del Estado” a través de seis decretos de urgencia y dos decretos supremos vinculados a la ejecución de proyectos de transporte masivo de Lima-Callao.

Además, habría determinado que la ejecución de dicho proyecto sea realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la autoridad autónoma del Tren Eléctrico -AATE.

El titular de dicho ministerio era su co-investigado Enrique Cornejo, mientras que el director de la AATE era otro co-investigado, Oswaldo Plasencia Contreras.

“Actos que se realizaron para garantizar que la empresa Odebrecht quien formaba parte del Consorcio Tren Eléctrico, se le otorgara de la buena pro para la ejecución del proyecto del tren eléctrico tramos 1 y 2”, se indica en el documento.

También se le imputaba haber favorecido a la empresa Odebrecht cuando esta conformó el consorcio CONIRSA que ejecutó el proyecto de integración e Infraestructura Regional Sudamericana-IIRSA Sur, tramos 2 y 3.

Para ello, refiere la imputación fiscal, habría contado con el apoyo del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo; su ex secretario, Luis Nava Guibert; el ex jefe de la AATE, Oswaldo Plascencia. También con la colaboración del ex secretario general del MTC, Jorge Menacho Pérez y el ex director Ejecutivo de Provías del MTC, Raúl Torres Trujillo.

“(Enrique Cornejo) Habría determinado conjuntamente con el investigado Alan García Pérez, la modificación del marco legal previo establecido para iniciar la ejecución de proyectos de infraestructura de parte del Estado”, se describe en la resolución.

-Caso Atala lo complicó-

El expediente consigna como un elemento de convicción sobre la presunta comisión de los delitos imputados, la investigación por cohecho pasivo propio y lavado de activos contra el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala Herrera.

Esto, luego que se informara por medios internacionales que Atala, a través de la sociedad "offshore" Ammarin Investment recibió - entre 2007 al 2008- la cantidad de USD$1’312,000.00 de la sociedad Klienfeld Service Ltda., en la Banca de Privada de Andorra (BPA).

Para ese entonces, ya era de dominio público que Klienfeld Service Ltda., había sido usada por la empresa Odebrecht para realizar el pago de coimas.

-El presunto lavado de activos-

Entre los elementos de convicción recogidos por el magistrado, la fiscalía le imputó a García Pérez haber sido el presunto autor de lavado de activos, bajo la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento. Esto está vinculado a la recepción de USD$100,000.00 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Para ello, se describe en la imputación fiscal, empleó como intermediario al Estudio Espinola Consultoría Jurídica, vinculada al pago de sobornos de la constructora brasileña.

El delito previo para la comisión del presunto lavado de activos provendría de posibles delitos de corrupción de funcionarios como consecuencia del ejercicio del cargo de presidente de la República.

La resolución explica que, para recibir los presuntos sobornos, Alan García habría utilizado a sus coinvestigados Luis Nava Guibert y José Nava Mendiola, quienes recibieron transferencias hasta por USD$4’555,486.62 según documentación que entregó Odebrecht a la fiscalía.

De igual forma, se habría usado a los coinvestigados, Miguel Atala Herrera (ex vicepresidente de Petroperú), su hijo, Samir Atala Nemi, a quienes se les imputa haber abierto cuentas bancarias en la Banca Privada de Andorra para recibir el presunto soborno de la empresa Odebrecht hasta por la suma de USD$1’312,000.00.

-Organización criminal tenía dos niveles-

Según el documento judicial la fiscalía describe a los investigados como integrantes de una organización criminal constituida entre el 2006 y 2011, que buscó favorecer a un grupo de empresas brasileñas y peruanas, con la licitación de obras como la Línea 1 del Metro de Lima (conocido como Tren Eléctrico) y la construcción del Corredor Vial de la Interoceánica Sur.

Dicha organización criminal, dice la fiscalía, estaba liderado por el ex presidente Alan García y se dividía en dos niveles; estos a su vez en grupos.

Esto fue amparado por el juez al valorar las diversas transacciones que realizaron todos ellos con la empresa Odebrecht.

En el primer nivel estaba Alan García, quien ejercía el liderazgo y jefatura. Luego, Enrique Cornejo quien también ejercía como líder y encargado del direccionamiento de los procesos de contrataciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En este nivel también estaría Luis Nava y Miguel Atala, en condición de líderes y encargados de la captación de dineros ilícitos.

En el segundo nivel se encontraría los colaboradores de la organización divididos en tres grupos.

El primer grupo estaría constituido por las personas con vínculos de familiaridad, amical, laboral, y empresarial con los líderes del primer nivel. Aquí se señala a José Antonio Nava Mendiola y Samir Atala Nemi. Habrían colaborado con la captación de dinero ilícitos.

El segundo grupo estaría integrado por personas que teniendo vínculos de amistad o laboral habrían colaborado con el direccionamiento y manipulación de los procesos de contrataciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En este grupo estarían Jorge Luis Menacho Pérez, Jorge Luis Cuba Hidalgo (ex viceminsitro de Comunicaciones), Oswaldo Plascencia Contreras y Raúl Torres Trujillo.

Según la resolución, el tercer grupo lo conformarían aquellos funcionarios encargados de los procesos de contrataciones o miembros de los comités especiales.

Aquí estarían Magdalena Hinostroza Bravo, Santiago Chau Novoa, Edwin Luyo Barrientos y Jesús Munive Taquia.

-Peligro procesal-

El documento judicial explica que, según la fiscalía, la medida de detención preliminar cumple con el principio de proporcionalidad y resulta “idónea” porque permitiría concluir el proceso en un plazo más corto, evitando prescripciones y dilaciones innecesarias, así como evitar que pueda eludirse de la acción de la justicia.

Además, se sostiene que, se estaría dificultando la acción de la justicia y su efectivo enjuiciamiento, ya que presuntamente “viene efectuado actos de obstaculización”.

Entre los elementos de convicción para sustentar el requerimiento figura un acta fiscal con la impresión de información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y de la Cancillería de Uruguay sobre el asilo político solicitado por Alan García, en noviembre del 2018.

El juez consideró que la detención debía ampararse “no solo por la existencia de motivos razonables"; sino porque existen motivos para “considerar un probable peligro de fuga en la conducta de los investigados”.

“Por último, en la ponderación que se debe realizar entre la afectación del derecho a la libertad y el derecho del estado a perseguir los delitos y sancionarlos, el primero debe proceder ante el segundo, ante la gravedad de los hechos y materia de investigación”, sostiene el juez.

Seguidamente, aclara el juez que, aunque García Pérez, Miguel Atala y Samir Atala Nemi, ya tenían una orden de impedimento de salida del país; “esto no obstáculo para la imposición de esta nueva medida cautelar”.

Enrique Cornejo, al momento de su entrega voluntaria ante la Policía sostuvo que como ciudadano estaba cumpliendo con allanarse a la decisión del Poder Judicial que ordenaba su decisión. “Todos debemos colaborar. Enrique Conejo está aquí seguro con el ánimo de decir la verdad”, sostuvo.

La abogada Cinthia Yanelli, abogada de Luis Nava Guibert, calificó de "irregular" la decisión fiscal pues afirmó que su patrocinado no ha realizado ninguna acto de obstrucción a la justicia o peligro de fuga.

"Actualmente la medida de detención ya se ejecutó. Él se encuentra internado aún en cuidados intermedios. Si es dado de alta se llevará a cabo la detención como corresponde", sostuvo.

Antonio Nava Mendiola, hijo de Nava Guibert, aún se encuentra fuera del país.

Julio Rodríguez, abogado de Miguel Atala y Samir Atala Nemi, indicó que no haría ningún comentario.

No se pudo contactar con los abogados de Oswaldo Plascencia, Jorge Luis Menacho Pérez y Raúl Antonio Torres Trujillo.

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