Alan García: cinco claves sobre las investigaciones en su contra

La investigación del Caso Lava Jato volvió a centrarse en el segundo gobierno del ex mandatario Alan García. El Poder Judicial dictó hoy orden de detención para el ex presidente y ocho personas vinculadas a su entorno, entre ellas Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes, y Luis Nava Guibert, ex secretario de la Presidencia de la República.

A continuación, los cinco puntos clave de las investigaciones del equipo especial del Caso Lava Jato contra García:

1. Los casos abiertos
Alan García es investigado por el despacho de José Domingo Pérez por dos casos: el Decreto de Urgencia (DU) 032-2009 y los aportes de Odebrecht a su campaña presidencial del 2006.

El primero busca confirmar los motivos detrás de la aprobación del DU 032 el 19 de febrero del 2009 en un Consejo de Ministros de urgencia convocado por Alan García el mismo día en que compartió un viaje a Cusco con Jorge Barata.

El decreto le permitió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones licitar la línea 1 del Metro de Lima. En diciembre de ese año, el consorcio formado por Odebrecht y Graña y Montero ganó el proyecto.

Una de las tesis de la fiscalía es que el pago de US$100 mil por parte de Odebrecht a García con dinero de la caja 2 por una conferencia en Sao Paulo en el 2012 fue parte del soborno por este caso.

La segunda tesis fiscal sobre este caso es que el pago superior a US$$500 mil a José Antonio Nava Mendiola, hijo del ex secretario de Alan García Luis Nava Guibert, habrían sido parte de un pago ilícito al ex presidente.

Es por este motivo que el fiscal Pérez solicitó acumular la investigación que se le sigue a Atala y Nava por esos depósitos a las pesquisas que se le siguen a García.

El segundo caso por el que se investiga a García es el de los aportes de Odebrecht a la campaña que lo llevó a la presidencia en el 2006. Jorge Barata indicó que la constructora aportó US$200 mil, pero no se registró dicho pago.

Este Diario reveló en diciembre pasado que al menos cinco aportantes a la campaña aprista del 2006 que aparecen en el registro de la ONPE negaron haber entregado dinero al partido aprista. La fiscalía viene interrogando a supuestos donantes de ese proceso electoral.

2. La declaración de Jorge Barata
El 28 de febrero del 2008, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que el referido aporte de US$200 mil fue entregado por pedido del ex dirigente aprista Luis Alva Castro.

“Solo aportamos al Apra por cuenta de un pedido específico de Luis Alva Castro, una persona que conocíamos de muchos años y que dijo que el partido estaba volviendo para competir y que creía que podíamos aportar. […] [Fue un pago de] US$200 mil […] no contabilizado”, declaró.

Sin embargo, en aquella ocasión, Barata no estaba autorizado para responder respecto a investigaciones por corrupción, por los que no brindó más detalles.

Entre el próximo 23 y el 26 de abril el ex directivo de Odebrecht volverá a responder ante los fiscales peruanos por los dos casos que envuelven al ex presidente. Deberá indicar por qué aprobó los pagos a la cuenta de Ammarin Investment, la razón por la que se le pagó la conferencia a García y si estos fueron a cambio de beneficiar a la constructora con algún proyecto.

Está obligado a no mentir, de lo contrario irá preso.

3. La conferencia en Brasil
Alan García dictó una conferencia ante la Federación de Industrias de Sao Paulo (FIESP) en mayo del 2012. Sin embargo, en junio de ese año Jorge Barata le ordenó a Marcos de Queiroz Grillo, generador de fondos ilícitos de Odebrecht, que pagara US$100 mil al ex presidente por dicho evento, pero que el nombre de la constructora no debería aparecer en la operación.

Grillo contactó con José Américo Spinola, operador externo de la compañía, quien usó su estudio de abogados para abonarle la cifra indicada al ex presidente.

En interrogatorio con el fiscal Pérez, Grillo le confirmó que el contrato firmado por este pago fue ficticio, es decir, que ocultaba el motivo real detrás de ese pago. Las cláusulas del contrato las redactaron los propios Grillo y Spinola meses después de que se realizara la conferencia.

Según los correos intercambiados entre ambos, García anteriormente se había presentado ante la FIESP, pero no cobró por ello.

4. Las transferencias a Nava
Miguel Atala Herrera, ex vicepresidente de PetroPerú durante el segundo gobierno aprista, recibió depósitos ascendentes a US$1’300.000 en su cuenta de la Banca Privada de Andorra por parte de Klienfeld, compañía offshore utilizada por Odebrecht para el pago de sobornos.

Atala había indicado que le entregaron el dinero por la compra de un terreno en El Agustino para la línea 1 del metro de Lima. Dichas transacciones se dieron entre noviembre del 2007 y febrero del 2008.

Sin embargo, según información de la División de Operaciones Estructuradas a la que accedió El Comercio, el destinatario de este depósito era Luis Nava Guibert, ex secretario de Alan García durante su gobierno.

Dichos informes recogen que los depósitos ordenados por Jorge Barata y Hilberto Silva, también ex directivo de la constructora, que fueron entregados a Ammarin Investment tenían como destinatario al codinome ‘Chalan’, con el cual la compañía reconocía a Luis Nava, con motivo de la carretera Interoceánica Sur.

Según el portal IDL Reporteros, el Sector de Operaciones Estructuradas realizó otros 19 pagos a Nava Guibert, con lo cual el monto total pagado al ex secretario de Alan García superaría los US$4 millones. Su hijo José Antonio Nava Mendiola también recibió transferencias de Odebrecht por más de medio millón de dólares.

El 9 de abril pasado la fiscalía amplió la investigación por este caso y la vinculó con el caso que se le sigue a Alan García. Según el requerimiento de José Domingo Pérez, Luis Nava Guibert y su hijo José Antonio Nava Mendiola “habrían participado de forma personal o usando las empresas vinculadas a ellos para la recepción de dineros ilícitos provenientes de Odebrecht a favor de otros investigados (…) todo ello en el gobierno del investigado Alan García Pérez”.

5. Las denuncias contra el fiscal
El juez Sánchez Balbuena ordenó el impedimento de salida del país contra Alan García el 17 de noviembre del 2018 a pedido del fiscal José Domingo Pérez. Ese mismo día, durante la noche, García solicitó asilo en la Embajada de Uruguay, donde permaneció hasta el 3 de diciembre cuando el pedido fue negado.

El ex presidente acusó que existía solicitaba el asilo debido a una “persecución política” en su contra por parte del Ministerio Público.
En reiteradas ocasiones Alan García o personas de su entorno denunciaron al fiscal Pérez.

La más reciente fue en febrero pasado cuando el abogado de García, Erasmo Reyna, denunció al magistrado por la presunta afectación a su derecho a la defensa y violación al principio de igualdad de armas en la investigación contra el ex presidente.

Según indicó, Pérez no le envió la copia de la traducción de los correos electrónicos que intercambiaron Spinola y Grillo referidos a la conferencia del 2012.

Asimismo, en junio pasado el otro abogado del ex presidente, Génaro Vélez y los dirigentes del partido aprista Elías Rodríguez Zavaleta y Miguel de los Reyes Rosas presentaron solicitudes de queja ante el Ministerio Público para apartar al fiscal José Domingo Pérez de la investigación contra García, pero ninguna fue aprobada.

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