El Comercio
Redacción EC

Los cuatro legisladores de la Célula Parlamentaria Aprista que viajaron a Uruguay brindaron una conferencia en la que dieron su punto de vista sobre lo que consideran es una persecución política al ex presidente Alan García, quien ha solicitado asilo diplomático al Gobierno Uruguayo.

Estas declaraciones fueron difundidas en el programa “2018” de Canal N.

"En el Perú, un sector de fiscales y jueces han politizado la administración de justicia y están criminalizando a los partidos democráticos", señaló el parlamentario del Apra Javier Velásquez Quesquén.

Mauricio Mulder, por su parte, indicó que tomaron la decisión de viajar luego de que tres legisladores del Frente Amplio lo hicieran.

"No era nuestro deseo venir aquí a Uruguay a explicar los temas internos de nuestro país", aseveró.

En esa línea, Jorge del Castillo consideró que el asilo político es parte de una tradición republicana y latinoamericana. Asimismo, cuestionó que el gobierno de Martín Vizcarra busque, desde su punto de vista, negarle el salvoconducto a Alan García.

"El señor Vizcarra en Lima dice 'no doy el salvoconducto', entonces crea una condición de prerruptura, falsa por supuesto, pero está influyendo a la opinión pública para la negativa del asunto", manifestó.

"¿Acaso los países rompen relaciones porque se respeta el derecho de asilo, que es una tradición latinoamericana?", se preguntó.

Finalmente, Elías Rodríguez indicó que desde hoy los militantes del Apra dejarán de presentarse en la zona donde está la residencia del embajador uruguayo en Lima, pues, manifestó, este país debe decidir "sin presión de ninguna clase o naturaleza" respecto al asilo.

"Nuestros militantes nos vamos a retirar porque creemos que, de manera soberana, libre, sin presión de ninguna clase o naturaleza, el Estado Uruguayo debe resolver este tema", declaró.

El sábado pasado, por la noche, el ex presidente Alan García pidió asilo diplomático a la Embajada de Uruguay en el Perú. Alegó que hay una persecución política en su contra. Lo hizo luego de que el Poder Judicial dictara 18 meses de impedimento de salida del país por la investigación fiscal que se le sigue por los delitos de lavado de activos y colusión.

Antes de acudir a la sede diplomática, García Pérez declaró que "no era ningún castigo" para él quedarse 18 meses en el país y allanarse a las investigaciones de la fiscalía.