La abogada colombiana Catalina Botero considera que si la actual ley que regula la publicidad estatal en el Perú no se reglamenta, no servirá como instrumento contra la corrupción.
 (Foto: Juan Ponce/ El Comercio)
La abogada colombiana Catalina Botero considera que si la actual ley que regula la publicidad estatal en el Perú no se reglamenta, no servirá como instrumento contra la corrupción. (Foto: Juan Ponce/ El Comercio)
Rocío La Rosa Vásquez

afirma que el proyecto del congresista aprista que busca prohibir la publicidad estatal en los medios privados transgrede principios internacionales sobre los derechos humanos y la libertad de expresión.

—¿Es válida la justificación del legislador Mauricio Mulder respecto a que su proyecto evitará el despilfarro de dinero público en publicidad?
Es el argumento que utilizó [el ex presidente de Ecuador] Rafael Correa para prohibir publicidad oficial en medios privados. Muestra que no tiene la menor idea de en qué consiste la publicidad oficial. Creen que es una forma de influir en la línea editorial o en los medios.

—¿Qué se pone en riesgo al prohibir que el Estado gaste en publicidad en medios privados?
Que la audiencia pueda conocer información que el Estado quiere transmitir: una campaña de vacunación, la licitación de obras públicas o la prestación de servicios nuevos.

—¿Se afectaría el derecho a la información?
Las audiencias tienen derecho a recibir información. Se impide de manera arbitraria que el Estado cumpla sus obligaciones, que comunique a las audiencias a través del medio más efectivo.

—¿Se transgreden principios internacionales?
Sí. Está clarísimo en el artículo 13,3 de la Convención Americana de DD.HH. y en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH. Y en el Caso RCTV contra Venezuela, la Corte IDH también lo ha dicho: que el Estado no puede utilizar sus recursos, como la publicidad oficial, para castigar a unos medios y premiar a otros. No se puede establecer criterios subjetivos discriminatorios para usar esos bienes. [De hacerlo] se violan las normas que mencioné.

— En el Perú existe una ley que regula la publicidad estatal, pero no está reglamentada, lo que podría ser una puerta abierta a la corrupción.
No conozco el tema en detalle. Lo que está claro es que si esta norma no se reglamenta de manera objetiva, transparente, con criterios en los que todos estén de acuerdo, pues no sirve como instrumento contra la corrupción. Evidentemente, buena parte de la corrupción tiene que ver con formas irregulares de contratación.

—Es decir, ¿esta se debe regular pero no prohibir?
Lo que ha dicho la Relatoría de Libertad de Expresión es que hay que definir los principios de asignación de publicidad oficial, que no es un subsidio, no es un premio, no es un castigo. Es la manera como el Estado cumple la obligación de informar. Normalmente, la prensa privada es la que llega de manera más efectiva a la mayor parte de la población.

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