El secretario general del Ministerio Público, Aldo León Patiño, dijo que ocupó un cargo de confianza durante la gestión de pedro Chávarry. (Foto: GEC)
El secretario general del Ministerio Público, Aldo León Patiño, dijo que ocupó un cargo de confianza durante la gestión de pedro Chávarry. (Foto: GEC)
Redacción EC

Los integrantes de la del Congreso se reúne hoy desde las 9 de la mañana para evaluar las seis denuncias que se han interpuesto contra el ex fiscal de la Nación

El último viernes, la Secretaría Técnica de ese grupo de trabajo parlamentario entregó los informes de calificación en los que recomienda declarar procedentes las seis denuncias y admitirlas para su respectiva investigación.

Tras la discusión se votará para definir si se declara la admisión de las denuncias. De ser aprobadas, se elevarán a la Comisión Permanente para que ponga un plazo para realizar la investigación. El período máximo para realizar la indagación es de 16 días, según el reglamento.

El presidente de la subcomisión, César Segura (Fuerza Popular), manifestó los informes de calificación fueron entregados a tiempo para que los miembros del grupo de trabajo puedan estudiarlos el fin y vayan preparados para el debate de este lunes "como debe ser”.

El vocero de Alianza para el Progreso (APP) y miembro de la subcomisión, César Vásquez, sostuvo que como las denuncias son parecidas “lo más conveniente sería acumular todas en una sola, eso le daría más fuerza y podría ayudar a debatir y definir más rápido la suerte del denunciado”.

Segura indicó que ese planteamiento se podría acordar en la sesión de este lunes. “Si es así, ese acuerdo se envía a la Comisión Permanente para que sea ella la que autorice la acumulación y nos fije el plazo máximo de investigación”, declaró.

Los informes de calificación de las denuncias

En el caso de la denuncia 239, presentada por Gino Costa (Bancada Liberal), la Secretaria Técnica declaró procedente la denuncia contra Pedro Chávarry por dos hechos: sus “notas adulteradas y ratificación cuestionable” de parte del desactivado CNM y el presunto “plagio de su tesis”.

Otras tres denuncias (248, 262, 270 y 285) están referidas al presunto nexo que el ex fiscal de la Nación habría tenido con Los Cuellos Blancos del Puerto.

En la primera, cuya autora es Gloria Montenegro (APP), se sindica a Chávarry por el “delito contra la tranquilidad pública-organización criminal” y encubrimiento real, así como por infracciones a la Carta Magna.

En la misma denuncia se acusa al fiscal supremo Tomás Gálvez por el “delito contra la tranquilidad pública-organización criminal”.

En la segunda, presentada por el procurador anticorrupción Amado Enco y acogida por cinco legisladores, también se acusa a Chávarry del “delito contra la tranquilidad pública-organización criminal”.

Además fueron incluidos los fiscales supremos Gálvez, Víctor Rodríguez y los jueces supremos Aldo Figueroa, Martín Hurtado, Duberlí Rodríguez y Ángel Romero.

En la denuncia 270, también presentada por Enco y acogida por ocho parlamentarios, igualmente se acusa a Chávarry del “delito contra la tranquilidad pública-organización criminal”.

En la 285 se le sindica de infracciones a la Constitución.

En la última denuncia, la número 288, también de Gino Costa, se acusa a Chávarry de infracciones a la Carta Magna y de los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, puesto que “a través del secretario general del Ministerio Público, Aldo León Patiño (ya no está en el cargo), “ha ejecutado actos para entorpecer u obstruir el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht”.

Segura manifestó que la aprobación de las denuncias en el pleno del Congreso, ya sean separadas o acumuladas en una sola, podría tomar más de mes.

Explicó que se debía seguir un largo proceso: una vez que la Comisión Permanente fije el plazo de la investigación, se nombra a un delegado que investigará y tomará las declaraciones al investigado y los testigos. Luego hará un informe final que será debatido y votado por la subcomisión.

Segura agregó que dicho informe deberá ser aprobado en la Comisión Permanente y luego recién pasaría al pleno para su aprobación final y la emisión de una sanción que podría ser la destitución.